Así, los diputados de la formación naranja, Gonzalo Sichar y Teresa Pardo señalan que este impuesto grava determinadas plusvalías inmobiliarias pero no lo hace por su valor real, es decir, por el que resultaría de una estimación directa del incremento del valor, sino "a través de una estimación objetiva mediante una fórmula que conduce inexorablemente a la existencia de plusvalía una vez transcurrido un año entre la adquisición del terreno y su posterior transmisión".

Esto ha originado un debate y también polémica, han recordado. En este sentido, desde Ciudadanos han apuntado que se conocen casos de personas que han tenido que vender un inmueble por un importe inferior al que pagaron en su día e incluso por debajo del importe que adeudaban a la entidad bancaria que había financiado esa compra y que han tenido que hacer frente al pago del impuesto de plusvalía.

"Solo aquellos ciudadanos que han hecho valer sus intereses ante los juzgados y tribunales han encontrado amparo a sus legítimas pretensiones de que no se les exija pagar", han puntualizado, instando a los ayuntamientos de la provincia a arbitrar con carácter urgente medidas que, dentro de las competencias locales, logren que se exija el tributo "con arreglo a la capacidad económica real del contribuyente; y reparar a aquellos que hayan hecho frente al gravamen, cuando no tenían obligación".

Ciudadanos, precisa el texto de la moción consultada por Europa Press, "se va a posicionar siempre en favor de la justicia social y lo justo es que, sin beneficio, no puede haber plusvalía".

El cálculo de este impuesto, han explicado los diputados provinciales, se realiza de forma automática mediante un método que tiene como principal ventaja la simplificación y comodidad en su gestión para las entidades locales "pero al estar fijada la base imponible al valor catastral de la vivienda no contempla el incremento real obtenido por el vendedor".

"La situación es absolutamente injusta pues obliga a los contribuyentes a pagar sobre un incremento superior al que realmente han obtenido y, lo que resulta más descabellado aún, a pagar incluso cuando ni siquiera han obtenido beneficios en la transmisión", han sostenido.

Así, reclaman al Gobierno que adapte la Ley Reguladora de Haciendas Locales a la sentencia del Tribunal Constitucional "con la máxima premura" para que no se aplique este impuesto a aquellos que demuestren que no ha habido incremento real en el valor de los terrenos en el momento de la venta; además de que modifique esa ley relativa al gravamen con carácter retroactivo para que se apliquen las devoluciones.

Igualmente, en la moción que se presenta al pleno del martes próximo en la institución provincial se pide instar al Ejecutivo central a que habilite una solución de compensación a los ayuntamientos "que no afecte a las maltrechas haciendas locales, equilibrando esta obligación de los municipios con la ciudadanía , con un incremento de la participación en los ingresos del Estado".

También abogan por que de manera simultánea se disponga de una línea de financiación específica para que los ayuntamientos tengan "margen de maniobra suficiente para devolver a los contribuyentes las cantidades correspondientes en el mismo ejercicio que se proceda a la modificación de la ley".