Está previsto que el juicio por este caso se celebre el próximo día 19 de abril, en la Audiencia Provincial. Los hechos se remontan al año 2011, cuando el acusado, M.A.F.N., junto con su padre, F.F.M., fallecido en 2014, entraron en contacto con el posible comprador de su vivienda en la calle Pilares número 10 de la localidad de Hormilla.

Como detalla el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, en mayo de aquel año, ambas partes llegaron a un acuerdo para la compraventa, por un precio de 99.167 euros, de los que el comprador tuvo que pagar en el momento 6.000 euros, y el resto, debía ser abonado en el momento en el que se perfeccionara el contrato por la entrega del inmueble.

Poco después, en noviembre de 2011, la víctima fue requerida por el acusado para pagar otros 15.000 euros a cuenta del precio total de la vivienda, quedando por pagar otros 78.167 euros. Un mes más tarde, de nuevo se pidió al comprador un nuevo pago a cuenta, en esta ocasión por 37.127 euros.

Fue en este momento en el que "por primera vez", como dice el escrito del fiscal, "aludió verbal y genéricamente el acusado a una hipoteca, sin especificar sobre quién pudiera recaer este gravamen, actuando de buena fe el acusado, entregándole el dinero a cuenta".

Tras estos anticipos, el perjudicado solicitó al acusado que se le otorgase la escritura pública de la compraventa, lo que se formalizó en abril de 2012, y en la que figuraba que "la finca estaba gravada con una hipoteca a favor de Caja Laboral Popular Cooperativa de Crédito, por un importe de 62.000 euros a amortizar en 94 meses, finalizando en octubre del año 2033".

El acusado y su padre, aún entonces con vida, "manifestaron en este acto al comprador que no se preocupara de la hipoteca, ya que la cancelarían con el dinero pendiente de pago, haciéndolo constar incluso en la propia escritura, aún a sabiendas de que ese dinero no iba a ser utilizado para esta finalidad".

De este modo, el perjudicado abonó el resto del dinero en abril de 2012, "con el compromiso falso del acusado y su padre de cancelar de inmediato la hipoteca". A ello se suma que sobre el inmueble pesaba otra hipoteca, a favor de la entidad Forbadi Difusión SL, por importe de 75.406 euros con plazo de amortización a 36 meses que finalizaban en marzo de 2015.

Como apunta el escrito de la Fiscalía, el perjudicado "no fue advertido en ningún momento por el acusado de la existencia" de esta segunda hipoteca. En total, la víctima desembolsó 106.668 euros, "siendo el caso de que, si hubiera tenido conocimiento de la nula voluntad del acusado de cancelar la hipoteca y de la existencia de otra hipoteca, no hubiera realizado la operación de compraventa".

"Ni el acusado ni su padre han cancelado

ninguna de las hipotecas existentes sobre el inmueble, lo que le ha generado al perjudicado diferentes gastos procesales al verse involucrado en procedimientos de ejecución hipotecaria", señala el escrito.

Además, añade que "se le ha creado una gran inestabilidad dada la inminente ejecución del inmueble, ya el el hombre no tiene otro lugar donde residir y había invertido todos sus ahorros de toda la vida en comprar esta vivienda".

Todos estos hechos suponen para la Fiscalía un delito de estafa, del que es responsable el acusado, por lo que procede imponerle pena de seis años de cárcel y multa de 18 meses a razón de una cuota diaria de 10 euros.

Igualmente, por responsabilidad civil, se pide el pago de 106.668 euros en concepto de indemnización, la rescisión de la compraventa del inmueble, el pago de los diversos gastos ocasionados por los procedimientos ejecutivos abiertos respecto al inmueble y otros 10.000 euros en concepto de daños morales causados.