El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al Ayuntamiento de Madrid por violar el derecho a la información y a la participación al negar a la concejala socialista Isabel Villalonga el acceso a una auditoría sobre el antiguo IMEFE (Instituto Municipal para el Empleo y la Formación Empresarial) en el año 2002.
En la sentencia dictada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, el pasado 22 de octubre, el TS ordena al Consistorio entregar a Villalonga la auditoría que realizó, a solicitud del Ministerio de Economía, sobre los cursos de formación del IMEFE.
La concejala solicitó esta auditoría en mayo de 2002 porque consideró que podría serle de utilidad para obtener pistas sobre posibles irregularidades en los cursos que impartía este instituto municipal, sin embargo, el Gobierno municipal, presidido entonces por José María Álvarez del Manzano se la negó.
Ahora, el fallo del Supremo deja "sin efecto" una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid del 9 de octubre de 2002 contra la denegación de su petición de remisión de la auditoría y subraya que "es evidente" que a la concejala "le interesaba" el contenido de la auditoría y que tenía derecho a conocerlo para el desempeño de su función como concejala en la oposición.
El tribunal considera que la materia auditada por el propio Ayuntamiento (los cursos del IMEFE) "afecta directamente a la vida municipal" y, por tanto, la edil tenía derecho a tener acceso a ella porque lo contrario es "violar el derecho de información de un concejal y el derecho de participación de los cargos públicos".
Villalonga ha acogido con alegría la sentencia del Supremo ya que, a su juicio, "sienta jurisprudencia" y refuerza los derechos de los grupos de la oposición a conocer los informes que resulten precisos para el desarrollo de su función.
La concejala socialista ha explicado a Efe que la sentencia es muy positiva para "la democracia municipal" en tanto que "establece controles positivos sobre el Gobierno municipal que garantizan la transparencia".
La sentencia es muy positiva para la democracia municipal"
El conocido como "caso IMEFE" saltó a la opinión pública en enero de 2001 a raíz de las denuncias de la oposición municipal (PSOE e IU) sobre la existencia de cursos "fraudulentos" de formación para desempleados, cofinanciados por los fondos europeos (45%) y el Ayuntamiento de Madrid (55 por ciento).
El asunto llegó hasta el Tribunal de Cuentas, que, en 2004, entre otras irregularidades financieras, contables, administrativas y laborales, detectó la falta de un registro de contratos en el Instituto, el fraccionamiento de pagos o la ausencia de seguimiento y control de la financiación de los cursos, hasta el punto de que a esta institución le resultó "imposible" opinar sobre las cuentas de los ejercicios fiscalizados.
El pasado mes de febrero, la Fiscalía Anticorrupción pidió 9 años de prisión y multa de 272.134 euros para los responsables del IMEFE, Ricardo Peydró y José Luis Solana, por "delito continuado de prevaricación, cohecho, falsedad y estafa" en la gestión del este instituto municipal, entre 1996 y 1999, y otros tantos para otros seis implicados
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