La Comunidad de Madrid quiere darle un impulso al servicio de traslados en ambulancias para pacientes no urgentes, uno de los que más polémicas ha generado en los últimos años por los grandes retrasos acumulados. El Consejo de Gobierno regional ha aprobado este martes destinar más de 118 millones de euros al nuevo contrato de cuatro años (hasta 2021) que próximamente sacará a concurso público, según ha informado el consejero de Presidencia y Justicia, Ángel Garrido.

Entre las exigencias que plantea el Gobierno regional a las empresas que quieran optar al contrato, se encuentra la reducción de los tiempos de respuesta. «El objetivo es bajar en unos diez minutos el tiempo actual de respuesta», afirma un portavoz de la Consejería de Sanidad. En la actualidad, para transportes colectivosen ambulancia, en distancias inferiores a 35 km, la obligación es llegar en menos de una hora; desde 2018, las empresas deberán hacerlo en menos de 50 minutos.

Sanidad explica que esta meta se conseguirá gracias a la «reordenación de los recursos», que serán más eficientes gracias a la creación de una nueva figura: el coordinador de servicio. «Se encargará de supervisar los servicios y de que no haya retrasos», precisan desde Sanidad. El contrato prevé que haya uno, como mínimo, por centro hospitalario general.

El nuevo acuerdo también exige que todos los vehículos ambulancia sean de nueva adquisición y se amplía a la totalidad de las ambulancias la exigencia de disponer al menos de una conexión eléctrica a 220v; sistemas de seguridad para el traslado de lactantes y en edad pediátrica; instalación fija de suministro de oxígeno y bala portátil; y, en las ambulancias colectivas, la adaptación para el traslado de pacientes con silla de ruedas. Se estima que solo el primer año serán trasladados 1.318.000 pacientes.

El servicio incluirá los traslados del paciente desde su domicilio a los centros de la red pública de la Comunidad de Madrid o que tengan suscrito concierto, traslados entre centros de la red o que tengan suscrito concierto, y cualquier otro traslado que le sea asignado por la Gerencia del SUMMA 112, por razones de interés público o por necesidades organizativas o asistenciales especiales que así lo requieran.

Además, permitirá realizar los traslados de pacientes de otras comunidades autónomas que tengan como origen o destino un centro sanitario o un domicilio ubicado en el ámbito geográfico incluido en los pliegos, cuando esta prestación esté cubierta por el sistema sanitario de la Comunidad de Madrid.

El traslado de pacientes no urgentes afecta a personas que necesitan una atención periódica debido a que padecen diferentes dolencias. La eficacia en este servicio es clave para pacientes de diálisis, quimioterapia o rehabilitación, que pueden sufrir lipotimias o retenciones de orina dañinas para su salud por los retrasos. En la Comunidad está en la actualidad a cargo de tres empresas privadas desde 2011: Alerta (sureste y noreste); Santa Sofía (noroeste); y SASU (suroeste), que ganaron un concurso con polémica debido al bajo precio ofrecido.