En virtud del acuerdo, el juez Víctor Fernández ha declarado el concurso como fortuito en lugar de culpable. Técnicamente, incide el juez, se trata de un "desistimiento" de la posición inicial sostenida en el informe de calificación.

De hecho, sobre la culpabilidad de Carlyle en la calificación, el acuerdo supone que la administración concursal "reconoce y acepta que tanto la supuesta contabilización irregular como la supuesta financiación inadecuada" y otras cuestiones son "de extrema complejidad en su calificación, no exentas de argumentos en contra y cuya resolución depende de cuestiones de carácter técnico jurídico no

pacíficas".

Además, los acreedores y terceros interesados "no ostentan legitimación para actuar al margen de la administración concursal y del Ministerio Fiscal", de modo que para el juez "no cabe otra solución que aceptar la propuesta que presentan las partes".

Por otro lado, en cuanto a los 10 millones que se compromete a pagar el fondo a capital riesgo, las partes aceptan que esta cantidad contribuye a facilitar la liquidación de las sociedades concursadas y a paliar cualquier efecto negativo de la insolvencia. En este sentido, el acuerdo señala el "interés" en que dicha contribución "se destine, preferentemente, a saldar las cantidades adeudadas a los antiguos empleados".

Cabe recordar que el juicio por la quiebra de Orizonia se tenía que celebrar a mediados de febrero pero fue aplazado por enfermedad de un perito y falta de testigos que no habían podido ser notificados.

Orizonia contaba con más de 5.000 trabajadores a principios del año 2013 y los administradores concursales de la sociedad reclamaban a Carlyle 160 millones de euros.