La Universidad de las Islas Baleares (UIB) trasladó hace un año a la Fiscalía una denuncia que ratificaba los "rumores" que la dirección de la institución educativa conocía desde 2011, según los cuales dos catedráticos vendían, a través de la empresa Lipopharma, un fármaco que prometía curar el cáncer.

Los dos profesores de la UIB —para los que aún no se han tomado medidas disciplinarias—, junto con otras tres personas, han sido detenidos y acusados de estafa por comercializar sin licencia el fármaco Minerval para enfermos de cáncer que habrían pagado, a través de una fundación sin ánimo de lucro, unos 600.000 euros, según la Policía Nacional.

El vicerrector de Investigación y Postgrado, Jaume Carot, ha explicado que la universidad supo hace cinco años que había rumores, según los cuales varios enfermos de cáncer acudían a las instalaciones donde se había sintetizado el principio activo del Minerval y pagaban por la medicina.

Los responsables de la UIB intentaron confirmar estos "rumores" sin éxito hasta que en julio de 2015 la dirección del servicio de Oncología del hospital Son Espases les transmitió la misma información y les citó a una reunión en la que un afectado iba a darles un testimonio directo. Esa víctima se retractó, por lo que el consejo de dirección universitario siguió sin actuar.

Sí lo hizo cuando, en abril de 2016, la presidenta del Consejo Social universitario, Francesca Mas, recibió una carta firmada por dos directores de centros de investigación que recogía, a su vez, la misma denuncia de comercialización fraudulenta por parte de la directora de Oncología del hospital de referencia.

"No se obtuvo ninguna evidencia ni se consiguió que nadie hiciera alguna declaración" hasta ese momento, ha incidido Carot, que ha indicado también que aún no se ha adoptado ninguna medida disciplinaria respecto a los dos catedráticos acusados de estafa: Pablo Escribá y Xavier Busquets.

"No somos la Policía (...). En el ámbito de nuestras posibilidades hemos hecho todo lo que se podía hacer", ha argumentado el vicerrector, que pese a la falta de "éxito" en las pesquisas internas ha mantenido que "actuar solo en base a rumores y sin una denuncia formal por escrito es una mala práctica".

El rector de la UIB, Llorenç Huguet, que, aunque le ha acompañado en su comparecencia, ha dejado a Carot todo el peso de la rueda de prensa, se ha limitado a explicar que ha recibido la noticia "con sorpresa y preocupación" y que la institución se siente perjudicada por la presunta estafa. Por ello, la universidad se personará en el procedimiento abierto por el Juzgado de instrucción nueve de Palma contra sus dos catedráticos y otras tres personas presuntamente involucradas también en el fraude.

Carot ha detallado que las noticias no confirmadas sobre la comercialización fraudulenta del fármaco anticancerígeno de Lipopharma, empresa que surgió de la UIB pero que no tiene participación de la institución académica en su accionariado, llegaron al centro "al menos" en 2011.

El vicerrector ha confirmado que la institución tuvo conocimiento de que la Dirección General de Farmacia había instado a los responsables de Lipopharma a dejar de publicitar su molécula anticáncer por considerar que engañaban a los enfermos y sus familiares, un hecho que para la universidad tampoco resultó una evidencia de posibles irregularidades.

Los detenidos no comercializaban directamente el fármaco, que está en fase de experimentación porque hay indicios de que podría ser útil ante algunos tumores. Pero obtenían fondos reclamando a los enfermos que lo recibían aportaciones a una fundación sin ánimo de lucro para el fomento de la investigación biomédica.

La Junta Provincial de Baleares de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha defendido que no tiene "nada que ver" con la presunta venta de este falso medicamento contra el cáncer y ha explicado que la beca que se les concedió a uno de los detenidos respondía al "interés científico demostrado" de sus proyectos.

En un comunicado, la entidad sin ánimo de lucro ha explicado que ellos no supervisan ni colaboran en la ejecución de ensayos clínicos de terceros, sino que "únicamente" subvencionan los proyectos que ganan las becas que cada año se convocan a través de la Fundación Científica.

La AECC ha detallado que concedieron en 2012 una beca dotada con 5.000 euros al estudio 'Investigación sobre la eficacia y mecanismos moleculares de unos nuevos fármacos antitumorales, los TGMs' a uno de los ahora detenidos.

Además, en 2015, a través de la Fundación Científica, se destinaron 180.000 euros al proyecto 'Papel de la SGMS y la SM en la transformación tumorigénica y su uso en el tratamiento contra el cáncer como diana terapéutica del minerval y nuevo fármacos de diseño' impulsado por otra científica que forma parte del grupo de trabajo de investigadores.

Desde la AECC han manifestado que "tras tener constancia de la escisión de los iniciales investigadores por problemas graves internos", se han desvinculado de posteriores solicitudes de apoyo o colaboración. Además, han informado que iniciarán un proceso de investigación del proyecto vigente y, si se considera necesario, se procederá a su cancelación.

La Asociación ha lamentado "profundamente" el daño ocasionado a enfermos de cáncer y se ha puesto a disposición de los pacientes afectados y de sus familiares "para poder asesorarles y dar apoyo en esta situación".