En rueda de prensa, el delegado ha hecho hincapié en que "ahora más que nunca es necesario defender de manera clara y contundente la universalidad de la sanidad pública, su sostenibilidad y la necesidad de blindarla ante las tentaciones de privatizaciones y ataques por parte de sectores interesados", lo que pone de manifiesto "la preocupación" del Gobierno andaluz por "mantener intactos los valores de uno de los pilares fundamentales del Estado del Bienestar".

En este sentido, ha manifestado que cualquier persona que necesite acceder a estas prestaciones, podrá hacerlo "independientemente de su condición social, cultural o económica".

De este modo, según ha explicado López, la futura ley, que recientemente ha superado el debate a la totalidad en el Parlamento y ya se ha remitido a la Comisión de Salud para proseguir con su tramitación, se vincula con la Constitución Española, en cuyo artículo 43 se reconoce el derecho a la protección de la salud, así como con el Estatuto de Autonomía de Andalucía, que en su artículo 22 garantiza este derecho mediante un sistema sanitario público de carácter universal.

El objetivo pasa por tanto por "proteger" el sistema sanitario ante "situaciones de crisis o tentaciones de desvirtuar su carácter público", a la vez que "prepararlo para dar la mejor respuesta ante retos como los derivados del envejecimiento de la población y la cronificación de muchas enfermedades", ha señalado el responsable autonómico.

GARANTÍA DE SERVICIOS

En el título I, están recogidas las garantías del sistema sanitario público, como son la perdurabilidad en el tiempo de los beneficios de la sanidad pública, obligando al mantenimiento y funcionamiento de los servicios, a su financiación y naturaleza públicas.

También deberán garantizarse por la administración los principios que inspiran la ley y los derechos básicos recogidos en la normativa autonómica y estatal, incluyéndose aquellos en los Andalucía ha sido pionera, como son la libre elección de médico, la segunda opinión médica, la declaración de la voluntad vital anticipada, la muerte digna, el consejo genético, la no discriminación por motivo de identidad de género, etc.

En este título es muy importante la garantía que se establece para acceder a la cartera de servicios complementaria de la comunidad autónoma sin copagos. Asimismo, en aquellas prestaciones de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud donde se prevea una aportación económica por parte de la población, la futura ley andaluza establece que se arbitrarán las medidas necesarias para minimizar su impacto y que, en ningún caso, pueda existir una persona excluida de una prestación por razones económicas.

SOSTENIBILIDAD

Las medidas en torno a la sostenibilidad se articulan en el título II y se dirigen a asegurar la viabilidad del sistema en las vertientes económica, social, ambiental y del conocimiento, la investigación y la innovación.

En la económica, se establece la Estrategia de Gestión del Sistema Sanitario Público como una herramienta clave para realizar, cada cuatro años, un análisis de la situación de la sanidad pública andaluza y diseñar nuevas líneas directrices, siempre orientadas a obtener los mejores resultados y con una previsión de financiación estimada. Asimismo, se incluirán en esta estrategia mecanismos de seguimiento y evaluación.

La normativa garantizará el desarrollo de medidas de uso racional del medicamento. De igual modo, se podrá seleccionar, mediante procedimientos de convocatoria pública, los medicamentos y productos sanitarios que se dispensan en oficinas de farmacia cuando se prescriban por principio activo.

Las medidas de formación y promoción de la salud entre la población para evitar el consumo innecesario de fármacos y la transparencia en las relaciones de la industria farmacéutica con los profesionales y el sistema sanitario son también aspectos muy importantes.

En la sostenibilidad social son elementos clave la equidad, la orientación a resultados en salud, el necesario diálogo con la sociedad, la calidad, la eficiencia y la ética, entre otros.

También se tienen en cuenta medidas de prevención y promoción de la salud y de gestión abierta, transparente y participativa. La atención a la cronicidad también se aborda en este capítulo, promoviendo un modelo proactivo de atención, con el equipo de atención primaria como agente activo para ofrecer una asistencia de calidad e integral en todas las etapas de la vida.

El texto se completa con las medidas de sostenibilidad ambiental reguladas en el capítulo IV, principalmente a través de la actualización de la Estrategia de Gestión Ambiental y Energética y la implantación de planes que minimicen los impactos de la actividad diaria de los centros sanitarios.

En el capítulo V se aborda la sostenibilidad del conocimiento, la investigación y la innovación, haciendo hincapié en que los resultados de la I+D+i incidan directamente en la calidad y la eficiencia del sistema sanitario y en el desarrollo social y económico de la comunidad autónoma.

En este último ámbito se incluye la Estrategia de Investigación e Innovación en Salud, que contendrá las líneas prioritarias de investigación de acuerdo con los problemas más prevalentes de salud en Andalucía, la previsible evolución de las tecnologías diagnósticas y terapéuticas y la estimación del compromiso presupuestario anual en esta materia.

Se impulsará igualmente la carrera investigadora, asegurando la existencia de una masa crítica estable. Por último, se impulsará y facilitará la formación continua y de excelencia de los profesionales, a través del Plan Integral de Formación, para contribuir a la mejora continua de los resultados en salud de la población, además de alcanzar las metas de desarrollo profesional.

En relación con este apartado, el texto de la norma también reconoce el valor que aportan los profesionales a la sostenibilidad del sistema sanitario público andaluz, gracias a su implicación y corresponsabilidad, apostando por la gestión clínica como escenario idóneo para avanzar en este ámbito.

Para ello, se establece el compromiso por parte del Gobierno andaluz de garantizar un entorno de trabajo saludable y adoptar las medidas necesarias para mejorar sus condiciones laborales, la prevención de riesgos y su salud. En este sentido, se pondrá en marcha un plan de igualdad de oportunidades y nuevas acciones para favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar.

TRAYECTORIA Y PARTICIPACIÓN

La elaboración de la norma se inició en 2015, con los trámites preceptivos de información pública y audiencia, que han tenido una duración más extensa de lo habitual, con vistas a promover la participación de todos los agentes sociales implicados. Para ello se ha realizado consulta a diferentes representantes de la ciudadanía, del mundo empresarial y de los profesionales, a través de los respectivos colegios profesionales, las organizaciones sindicales representativas del sector sanitario y las sociedades científicas.

Además, se han organizado nueve foros de diálogo, uno autonómico y en cada una de las provincias, con las 49 sociedades científicas profesionales andaluzas, que han contado con la participación de asociaciones del ámbito ciudadano, de pacientes, de ayuda mutua y profesionales que prestan sus servicios en el sistema sanitario público.