Una vez finalizado este proceso, y tras el análisis de las aportaciones realizadas y su eventual incorporación al texto, se prevé que la norma entre en vigor el próximo mes de julio, tras lo que se pondrán en marcha las oportunas convocatorias de ayudas.

Esta nueva medida beneficiará aproximadamente a 242.000 personas, de las que 197.000 son personas en activo con rentas inferiores a 18.000 euros al año, y 45.000, pensionistas con rentas inferiores a 6.000 euros. Los pensionistas con rentas de entre 6.000 y 18.000 euros no cambian de situación porque ya se benefician del tope máximo de 8,23 euros al mes.

Por lo que se refiere a las cuantías, que se abonarán trimestralmente, las personas beneficiarias con rentas que no superen los 6.000 euros recibirán ayudas por la diferencia entre el importe de lo pagado cada mes y 2,6 euros. En el resto de personas beneficiarias, las ayudas se corresponderán con la diferencia del importe pagado cada mes y 8,23 euros, ha informado el Gobierno foral en un comunicado.

COSTE DE 3 MILLONES AL AÑO

Se estima que esta actuación tendrá un coste máximo de en torno a 3 millones de euros, en caso de que todos los beneficiarios llegaran a solicitar la devolución. Para este primer año se presupuestado una dotación económica de 1 millón de euros, que cubrirá las ayudas que se concederán entre julio y noviembre.

Con ello, se pretende facilitar la adherencia a los tratamientos médicos a aquellos colectivos con rentas bajas que, a partir de la entrada en vigor de la normativa estatal (Real Decreto-ley 16/2012) que modificó el sistema de aportación de los beneficiarios en la prestación farmacéutica, deben pagar por dicha prestación cuando antes no lo hacían. Estos colectivos son especialmente vulnerables ya que tienen dificultados para cumplir los tratamientos debido al desembolso económico que supone (en ocasiones hasta del 40%), ha añadido el Ejecutivo.