En una sesión de trabajo solicitada a petición del PPN, el representante de Afapna Juan Carlos Laboreo ha afirmado que el decreto "posiblemente va a terminar en los tribunales, por una parte o por otra se va a recurrir". "Supone un cambio sustancial en el acceso, la movilidad y la promoción de los empleados de las administraciones publicas", ha indicado.

Según Laboreo, se trata de un decreto "incompleto que regula con falta de motivación". "Esto significa que va a obligar a cualquier persona o institución a recurrir todas las convocatorias que se publiquen con una modificación de plazas en su plantilla. Va a generar una inseguridad jurídica en cada una de las futuras convocatorias", ha considerado.

Juan Carlos Laboreo ha afirmado que "este decreto allana el acceso del 13 por ciento de la población frente a un 87 por ciento que no tiene conocimientos del euskera". "Este tipo de decretos que se aprueban sin consenso político, sin acuerdo sindical y sin que se consulte a los empleados públicos están abocados al fracaso", ha dicho.

Tras ello, ha emplazado a los parlamentarios a que insten al Gobierno foral a que convoque una consulta entre los trabajadores para que se pronuncien sobre el decreto. "Demandamos amparo, estamos viendo cómo se empieza a hablar de listas negras. Somos más de 20.000 pendientes de su decisión. Si se legisla contra los empleados públicos, sus votos pueden hacer cambiar de gobiernos", ha advertido.

Por parte de UGT, Jesús Elizalde ha señalado que, tras analizar el decreto, "queda la sensación de que a medio largo plazo se persigue considerar como bilingües la inmensa mayoría de las plazas de la administración, lo cual no parece que guarde mucho relación con la realidad sociolingüística de Navarra".

"No dudamos en reconocer como propio y enriquecedor el hecho de contar con dos lenguas, pero la conservación del acervo cultural no puede suponer la posible vulneración de otros derechos como el acceso a la Administración pública en condiciones de igualdad", ha indicado.

A juicio del representante de UGT, el modelo de administración lingüística que dibuja el decreto "vulnera el acceso de los castellanohablantes a la Función Pública en condiciones de igualdad, dejando en un segundo plano el mérito, la capacidad y la profesionalidad".

Según Jesús Elizalde, este modelo "iría progresivamente desplazando las opciones de ingreso de los castellanohablantes hasta convertirlo en algo realmente complicado". "Debe diseñarse un modelo que, respetando el derecho de rango constitucional de acceso en condiciones de igualdad a la administración, se adecue a la realidad sociolingüística tan diversa de Navarra", ha indicado.

Finalmente, por parte de CCOO, Cecilio Aperte ha afirmado que "el euskera es parte del patrimonio cultural de esta tierra" y ha explicado que por ello su grupo presentó propuestas para el decreto con el objetivo de "aportar un punto de equilibrio entre dos visiones excesivamente confrontadas". "Es un tema delicado que tenemos que acordar con el mayor de los consensos, sin imposiciones de ningún tipo", ha indicado.

Tras ello, ha considerado "excesivo que el conocimiento del euskera pueda suponer un 20 o 23 por ciento en el baremo de méritos" y ha recordado que CCOO proponía una valoración del 13 por ciento en la zona vascófona, un 9 por ciento en la zona mixta y un 6 por ciento en la zona vascófona, una propuesta equilibrada entre dos posiciones excesivamente enfrentadas".

Además, ha pedido que "se deje de hacer lo que se está haciendo, utilizar el euskera como arma de confrontación política, estableciendo posiciones entre defensores y detractores". "CCOO no está en ninguno de los bloques y la mayoría de la sociedad navarra tampoco", ha sostenido.