La UTE Ribera Salud II ha presentado este lunes un recurso contencioso administrativo contra las normas de la reversión para este departamento que le entregó la Conselleria de Sanidad Universal el pasado 27 de marzo porque "no se ajustan a la legalidad" y ha pedido su suspensión porque pueden "paralizar la gestión" de este área de salud.

Al respecto, la concesionaria pide, en un

comunicado, "por el bien de los ciudadanos" la suspensión de estas normas de reversión del departamento de salud de Alzira, cuyo contrato expira el 1 de abril de 2018, por las que la Conselleria deberá autorizar en este último año de concesión cualquier cambio en el funcionamiento.

En ese sentido, ha explicado que en la reunión que mantenido este lunes el gerente, Javier Palau, con responsables de la conselleria, la primera para regular este proceso, ha trasnmitido que "no van a aceptar que se ponga en riesgo la calidad del servicio" que se ofrece a los ciudadanos por "medidas tomadas unilateralmente".

Al respecto, ha señalado que la Conselleria de Sanitat "somete a la concesionaria a un intervencionismo no previsto en el pliego de condiciones que puede paralizar la gestión del departamento". Además, considera que algunas peticiones de información que realiza son "irracionales", y que en algunos casos los plazos son "técnicamente imposibles de cumplir". "Todo ello puede repercutir en la calidad de la prestación del servicio que están recibiendo los ciudadanos hasta la fecha", ha alertado.

Ribera Salud ha recalcado que "siempre ha tenido voluntad de diálogo" con la Conselleria de Sanitat, y "prueba de ello es que desde el pasado 31 de enero se ha solicitado semanalmente la celebración de reunión de Comisión Mixta, y todavía no se ha convocado pese a nuestras reiteradas peticiones".

El gerente del departamento, Javier Palau, y el director económico Santiago Ribelles, acompañados por el asesor jurídico, han assitido a esta reunión en la que por parte de conselleria han participado el director general de Recursos Humanos, Justo Herrera, el subsecretario de Sanidad, Ricardo Campos, y la directora de Alta Inspección Sanitaria, Isabel González.

Según la concesionaria, la reunión ha sido "breve; no se ha tratado ningún aspecto técnico, y simplemente se ha hecho un resumen de los principales puntos que se expusieron en la rueda de prensa de la semana pasada" que ofreció la consellera de Sanidad, Carmen Montón, para explicar la hoja de ruta del proceso de reversión y en la que anunció que el personal laboral pasaría a ser el 1 de abril de 2018 personal indefinido no fijo.

La Conselleria de Sanidad, en las normas de reversión que remitió a la concesionaria, le daba como plazo el 1 de mayo para que le enviara información sobre la estructura organizativa, recursos humanos y económicos así como de la actividad asistencial.

Además, le recuerda que estas normas son de carácter vinculantes y que la conselleria podrá intervenir en la toma de decisiones que se puedan adoptar hasta que termine el contrato y que modifiquen la situación que se haya presentado en los informes que ha pedido a Ribera Salud o cualquier otra que afecten a la prestación del servicio más allá del 31 de marzo de 2018.