El Juzgado de lo Penal 2 de Almería ha señalado para el día 14 de noviembre la vista oral en la que el regidor se enfrenta a una petición fiscal de tres años de inhabilitación especial para empleo o cargo público como presunto autor de un delito contra los derechos cívicos del artículo 542 del Código Penal.

En su auto, consultado por Europa Press, el magistrado declara "pertinentes" los medios de prueba propuestos por el fiscal y los propuestos por la defensa coincidentes con las del Ministerio Público.

El escrito de acusación provisional señala que Herrera, como regidor de Lucainena, ha venido denegando de "consciente y deliberadamente" información a los concejales del grupo municipal del PSOE.

Remarca que lo habría hecho, además, tal y como señalaban los socialistas en la denuncia que presentaron en Fiscalía, de "modo reiterado" a los requerimientos efectuados el 26 de junio, el 3 de agosto y el 23 de agosto de 2013.

En concreto, se solicitaba información relativa a diversas facturas del Consistorio correspondientes al ejercicio 2012, el acceso a distintos contratos celebrados por el municipio entre 2011 y 2012 y expedientes de obras finalizadas, así como operaciones con terceros efectuadas en el periodo 2010-2013.

El fiscal subraya que los concejales de la oposición "tenían derecho a acceder" en función de su cargo a esta información "para poder llevar a cabo su labor de fiscalización al gobierno" presidido por Herrera.

Por este motivo, atribuye al regidor la "vulneración" del derecho consagrado en el artículo 23 de la Constitución de acceder a "dicha información y poder así ejercer adecuadamente su función pública de concejales".

Los hechos que ahora se van a enjuiciar fueron denunciados por el concejal y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Salvador Rivas, quien detallaba en su denuncia que el alcalde habría contestado a las solicitudes por escrito que la petición de documentación era "improcedente".

Señalaba, en esta línea, que "aún habiéndose personado" en el Ayuntamiento para acceder a los expedientes requeridos, dada la importancia de la información a efectos de probar irregularidades", se les había negado.

El portavoz del PSOE, entre otras, ha criticado en numerosas ocasiones la "contratación cada año del hijo del alcalde como socorrista en la piscina municipal" y advertido de la existencia de órdenes de pago presuntamente "sin acomodarse a un plan de disposición de fondos de la Tesorería", y sin "tramitación, aprobación y reconocimiento de la obligación".