En un comunicado remitido a Europa Press, han recordado que se trata entidades asociativas de los agricultores y ganaderos de la región, cuyo objetivo es dotar de los servicios y suministros que precisan las explotaciones agropecuarias de sus socios y del entorno en el que se ubican, el medio rural, "muchas veces falto de los servicios mínimos imprescindibles para el desarrollo de numerosas actividades, lo que conlleva el abandono y la despoblación".

"Si hay un grupo de empresas, implicadas en dotar de servicios en este entorno son las cooperativas agrarias, que crean actividad y empleo allí donde otros no quieren invertir", han recalcado, tras lo que han añadido que, por su propia esencia, no se deslocalizan, lo que "es garantía de empleo para estas comarcas".

Por tanto, consideran las cooperativas agrarias son "unos instrumentos imprescindibles" para frenar la despoblación y el desempleo, lo que "deben ser objetivos prioritarios para todos los agentes políticos y sociales de Castilla y León.

"Las cooperativas agrarias ofrecen al consumidor un suministro de carburantes cercano y a un precio competitivo, debido a la compra agrupada de la materia prima y repercutir parte de ese ahorro al consumidor", apuntan, al hilo de lo cual recuerdan que "no existe ningún otro motivo por el que el precio sea más bajo, pues se cumple estrictamente con la normativa nacional de seguridad industrial y de distribución de hidrocarburos, que expresamente permite el ejercicio de esta actividad a las cooperativas agrarias".

En este sentido, recuerdan que en buena parte de los casos las instalaciones "cuentan con mecanismos de seguridad superiores a los exigidos por la instrucción técnica del Ministerio de Industria, con circuitos cerrados de televisión o interfonos, extinción automática de incendios o mecanismos de parada de emergencia.

En materia fiscal, defienden que las cooperativas "no reciben ningún trato favorable de la Administración", ya que las operaciones con terceros no socios "tributan al tipo General de Sociedades, como el resto de instalaciones".

Asimismo, sostienen que estas instalaciones "están plenamente adaptadas a su uso por personas discapacitadas" que exigen, reiteradamente, accesibilidad para su propio manejo y no la disponibilidad de una persona que los atienda, pues ello aumenta su dependencia.

Por último, recuerdan que "prácticamente todas las instalaciones han pasado a ser de autoservicio", lo que ha supuesto "la pérdida de miles de puestos de trabajo". "Todos los clientes somos conscientes de la reducción de esta atención en los últimos 10 años", han sostenido.

Ante esto, Urcacyl promueve una Iniciativa Legislativa Popular que posibilite la corrección de la normativa regional del Estatuto del Consumidor de Castilla y León y se permita que las instalaciones puedan funcionar, en determinados horarios, como el nocturno, y espacios, como el medio rural, de forma automática.

Para ello ya está en marcha la recogida de alrededor de 20.000 firmas, que serán necesarias para llevar el trámite de nuevo a las Cortes regionales para su modificación.