El pago se realizará aparte de la nómina de este mes y en total se elevará a unos 20 millones de euros. En los próximos 10 meses, el Gobierno de Aragón abonará el 25 por ciento restante, ha dicho Gimeno, quien ha puntualizado que en los Presupuestos de este año solo está consignado el pago de un 25 por ciento.

El consejero ha dejado clara "la voluntad del Gobierno de iniciar un proceso de recuperación de los derechos de los funcionarios de la Comunidad que se vieron disminuidos como consecuencia de la crisis durante bastantes años", observando que PSOE y CHA "llevamos gobernando presupuestariamente un año", de forma que "no hemos podido cumplir todos los compromisos" alcanzados hace un año con los sindicatos.

Gobierno y sindicatos han acordado evaluar la situación de empleabilidad en la Administración regional para determinar qué plazas se convocan, de un máximo de 17.500, dentro del proceso de reducción de la tasa de temporalidad, que en Aragón está en el 32 por ciento, hasta el ocho por ciento. Educación no convocará este año y el resto de los Departamentos elaborarán un calendario.

Respecto a la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 1.483 plazas de sanidad, que el Gobierno de España ha recurrido, Fernando Gimeno ha dicho que "la lógica de las cosas dice que debería reunirse la Comisión Bilateral", pero al no estar aprobados los Presupuestos Generales del Estado (PGE) no es posible desatascar esta situación, precisando que el Gobierno de Aragón no promoverá la derogación de la reforma de la Ley de Sanidad que posibilitó, inicialmente, convocar las plazas.

Ha confiado en "ponerse de acuerdo" con el Ejecutivo central para que retire el recurso de inconstitucionalidad: "el resultado sería el mismo", ha comentado.

Por otra parte, Gimeno ha anunciado a los sindicatos la voluntad de pagar el 100 por cien del salario a los empleados públicos de baja a partir del quinto día y ha planteado la posibilidad de que, además de los seis días "moscosos" de que disponen, cuenten con dos más sujetos a "políticas de flexibilidad" para que los puedan utilizar "a conveniencia".

El consejero ha planteado, asimismo, la posibilidad de recuperar el millón de euros en materia de acción social que se había perdido durante los años de la crisis e incluirlo en el ejercicio de 2018, consignando un total de cuatro millones de euros para acción social. También ha puesto sobre la mesa la posibilidad de consignar una bolsa de horas de conciliación, que podría implantarse antes de que finalice la actual legislatura.

El consejero de Hacienda ha solicitado a los sindicatos dialogar sobre el proyecto de ley de Función Pública para "negociar con ellos", ya que el Ejecutivo tiene la intención de registrarla en las Cortes en el último semestre del año.