Así lo ha explicado la concejal de Movilidad de Granada, Raquel Ruz (PSOE), quien ha informado en rueda de prensa de este aumento de tarifas, con el que se prevé recaudar unos dos millones de euros al año para paliar "en parte" la deuda, a la par que ha anunciado que el Ayuntamiento ha decidido poner en conocimiento de la Fiscalía este "asunto que compromete el futuro de la movilidad en esta ciudad" por si pudiera tener, en el ámbito de lo penal, "unas consecuencias más allá de las presupuestarias".

Se pide al Ministerio Público que investigue si en esta "decisión que compromete el futuro económico de este Ayuntamiento" pudo haber "negligencia" por parte de los responsables del área de Movilidad con el anterior equipo de gobierno local, del PP, incluido el exalcalde José Torres Hurtado; la asignación presupuestaria para 2015 fue de algo más de 10 millones de euros cuando, conforme a lo que indica la sentencia del Contencioso Administrativo, el normal funcionamiento del transporte público habría obligado a consignar 6,2 millones de euros "adicionales".

La decisión que se tomó en su día con base a un informe del coordinador del área contribuye a la deuda que mantiene el Ayuntamiento con la Rober, la cual ha sido cifrada en aproximadamente 17 millones de euros por Raquel Ruz quien ha recordado el "sobrecoste que ha supuesto la implantación" de la Línea de Alta Capacidad la cual ha considerado un "desastre" para las cuentas municipales.

Ante esta situación y según ha agregado Ruz, el equipo de gobierno actual va a impulsar "medidas complicadas" como la recuperación del expediente de subidas de tarifas que, aprobado por el PP, había suspendido inicialmente. Conforme al mismo, a partir de la próxima semana se procederá al incremento de las tarifas en 20 céntimos en el billete ordinario que pasa de 1,20 a 1,40 euros, mientras que los usuarios de bonos universitario y joven verán aumentado en 4 céntimos el precio del viaje, y se mantiene el precio del bono mensual.

Para una "restricción del gasto al máximo posible", también se estudiará la reestructuración de la plantilla de vigilantes y controladores de la LAC que se podría ver disminuida en entre un 40 y un 50 por ciento una vez se investigue "el proceso de selección" que se siguió para contratarlos, ha especificado la edil de Movilidad que además se ha referido a un ajuste de las líneas en funcionamiento de aquí a final de año una vez esté en circulación el metro.

En este sentido, el Ayuntamiento sigue negociando para que la Junta de Andalucía asuma el gasto del transbordo entre los autobuses urbanos y el metro, en reuniones en las que el equipo de gobierno local está haciendo "lo imposible" para alcanzar un acuerdo.