Este empleado municipal ha declarado en el juicio que se sigue en la Sección Novena por el denominado caso 'Majestic' contra el exalcalde Juan Sánchez y otras ocho personas, entre ellas tres exediles y el responsable de la sociedad que llevó a cabo la promoción y, según el fiscal, uno de los representantes en España de una organización internacional supuestamente dedicada al blanqueo.

El testigo ha explicado que por parte de una perito judicial se solicitó al Ayuntamiento documentación relativa a valoraciones de convenios urbanísticos relacionados con esta causa y ha apuntado que en contestación él elaboró un informe en el que se señalaba que no le constaban esas valoraciones en el departamento que era de su competencia.

Ha asegurado que ese informe "no llegó" al juzgado instructor de la causa, sino que en su lugar se recibió otro distinto. Así, ha indicado que tuvo que aportarlo a la Fiscalía Anticorrupción, ante la que también denunció supuestas coacciones laborales. Por todo esto existe un procedimiento judicial en un juzgado de Estepona.

Este juicio comenzó el día 27 de marzo y continuará este martes con la declaración de peritos, aunque también hay previstas sesiones el miércoles y el jueves. La Fiscalía Anticorrupción solicita en sus conclusiones provisionales 18 años y medio de prisión para el exalcalde, por los delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación, cohecho y blanqueo de capitales.

La operación policial sobre esta causa, desarrollada en mayo de 2012, permitió destapar una supuesta trama de blanqueo y corrupción urbanística, que estaría relacionada con una presunta organización criminal, de origen ruso, investigada en otro procedimiento. En ese momento, los investigadores requirieron documentación relacionada con el sector urbanístico denominado 'Majestic'.

En el escrito inicial del fiscal, se explica que a finales de la década de los 90 se asentó en España ese "presunto grupo criminal de ámbito internacional", cuya actividad "se ocultaba tras un entramado societario que giraba en torno a la denominación genérica de Majestic". Sus principales responsables en España eran un hombre que está declarado en rebeldía y uno de los acusados en esta causa.

Uno de los objetivos del grupo fue "la inversión de capitales procedentes del exterior en el sector inmobiliario de la Costa del Sol, y más concretamente en el municipio de Casares", señala la acusación pública.

Así, se indica que a través de dos sociedades se impulsó entre 2000 y 2006 la promoción denominada 'Majestic', sobre el sector urbanístico del mismo nombre, y, para ello, "se articularon un total de cinco modificaciones urbanísticas", según explica la acusación pública en su escrito inicial.

Dichas modificaciones, sostiene el fiscal Anticorrupción, fueron pactadas por el dueño de la sociedad que está acusado y por el que era en ese momento alcalde y se plasmaron en tres convenios. La acusación indica que el exregidor actuó "con pleno conocimiento" de que perjudicaban al municipio, además de con "una elusión burda de la ley administrativa".

Se precisa que en los convenios se hizo "una adjudicación directa de los derechos económicos -aprovechamientos urbanísticos- que obligatoriamente correspondían a los ciudadanos, con una manifiesta infravaloración de los mismos y el consiguiente desvío a manos privadas de derechos patrimoniales públicos". Se produjo un "desvío" de fondos y el incremento patrimonial "ilícito" de las sociedades.