El juicio oral, que continúa este martes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada, busca acotar la responsabilidad penal del exregidor de Iznalloz en estas contrataciones por las que la Fiscalía no le acusa, pidiendo la libre absolución para él, al igual que su defensa.

La acusación particular, ejercida por el Ayuntamiento de Iznalloz, desde 2015 gobernado por el PP, pide doce años de inhabilitación especial por prevaricación continuada al entender que las contrataciones se realizaron sin ningún mecanismo de control durante varios años y de manera sistemática, llegando a contratarse a unas 500 personas en 2014 y unas 180 en el primer semestre de 2015, antes de las elecciones municipales.

El acusado no se ha considerado autor de los hechos, a preguntas de la magistrada que preside el tribunal, y ha explicado que firmaba los contratos una vez lo elaboraban los técnicos para ir cubriendo las solicitudes de las listas que funcionaban como bolsas de trabajo "hasta agotar todos los aspirantes inscritos" con contratos de días, sin que hubiera "absolutamente ningún criterio ideológico".

Mariano Lorente ha indicado que los reparos que los técnicos pusieron a estas contrataciones podían ser resueltas por él como alcalde, también conforme al criterio técnico que indicaba que "si se acreditaba la inaplazable y necesaria urgencia de cubrir servicios no había limitación legal" a las mismas. El mismo interventor planteaba el reparo "y daba la solución", ha expresado Lorente que también ha explicado al tribunal que llevó esas resoluciones al pleno, aunque no los reparos porque ello era competencia de los técnicos, y que puso en conocimiento del subdelegado del Gobierno el procedimiento, tras lo cual "se da por enterado pero no muestra oposición".

Con una "plantilla muy limitada" y sin posibilidad legal de sacar oferta pública de empleo, la necesidad de los contratos en áreas como ayuda a domicilio u obras se la hacían llegar los trabajadores municipales, mientras que las necesidades económicas de la población del pueblo -de unos 5.000 habitantes y con alrededor del 50 por ciento de ellos en riesgo de exclusión social, ha asegurado- las conocía porque las familias hacían cola "cada día" ante el Ayuntamiento y le expresaban que necesitaban dinero "para comer" y "medicamentos" para sus hijos.

En su escrito de conclusiones absolutorias, la Fiscalía no aprecia delito en estos hechos pues, para la contratación temporal de personal para el Ayuntamiento, "no se impone un límite preciso cuantitativo o porcentual" previendo la ley "excepciones" a dicho límite en las "necesidades urgentes e inaplazables que permitieran asegurar el funcionamiento regular de la entidad local".

Para el fiscal, "no se ha justificado que dichas contrataciones fueran realizadas sin oportuna consignación presupuestaria para ello, encontrándose la actuación" del ex alcalde de Iznalloz "amparada en la exigencia de excepcionalidad expresada".

ALCALDESA DE IZNALLOZ

La actual alcaldesa de la localidad, Ana Belén Garrido, que promovió la denuncia desde el Ayuntamiento de Iznalloz por la que se pide doce años de inhabilitación para cargo público de Lorente, ha sido la primera testigo en declarar en la vista oral y ha indicado que, estando en la oposición, pidió en los plenos, y también por escrito en dos ocasiones, los reparos a la contratación de personal si bien los técnicos a los que la remitían nunca se los "facilitaron" porque "no había orden expresa" del anterior regidor.

Asimismo, ha señalado que antes de las elecciones de 2015 se comentaba en el pueblo que "había mucha gente trabajando", personal cuya contratación "se sacó en esa época no sé si por fines electorales" y "no sabemos siguiendo qué criterio". Ha cuantificado en 380.000 euros el dinero que se gastó el Ayuntamiento en la contratación de personal laboral temporal en 2014 cuando la dotación inicial era de 50.000 euros.

La investigación penal que se abrió por estas contrataciones temporales durante el mandato municipal de Lorente, que sigue siendo concejal en Iznalloz, le llevó a dimitir de su cargo como diputado provincial de Deportes cuando Ciudadanos así lo exigió como condición para asegurar la investidura del socialista Francisco Cuenca como alcalde de Granada capital.