Se calcula que desde el año 2002 hasta 2009, según estos letrados, decenas de miles de familias adquirieron viviendas sobre plano que nunca llegaron a entregarse. Así, han indicado que unas 100.000 familias pudieron verse afectadas por las quiebras de firmas como Martinsa Fadesa, Tremón, Naviro Inmobiliaria o Ávila Rojas, con un importe que podría superar los 5.000 millones de euros.

Al respecto, desde la organización de la jornada han recordado que en Andalucía, la principal empresa dedicada a la promoción inmobiliaria, Aifos, entró en concurso de acreedores en julio de 2009, dejando "abandonados los proyectos de vida de unas 6.000 familias", que están ahora "a expensas de una incierta liquidación de la compañía, cuya deuda ascendía a 1.000 millones de euros".

Otras decenas de promotoras, de mayor y menor volumen, siguieron la misma suerte, han apuntado, "dejando en la Costa del Sol y en casi todo el territorio andaluz, un reguero de urbanizaciones inacabadas y a miles de compradores sin vivienda y sin el dinero que habían anticipado".

El abogado Carlos Cómitre, del despacho Ley 57, ha recordado, en declaraciones a Europa Press, que muchos de esos afectados "han podido finalmente recuperar su dinero tras la sentencia del Tribunal Supremo, de enero de 2015, que responsabilizaba a las entidades financieras por no haber velado que las cantidades que se depositaban en sus cuentas por los compradores estuvieran garantizadas".

En este sentido, varios juzgados de Primera Instancia de Málaga han estimado ya las demandas presentadas por compradores de viviendas, la mayoría de la promotora Aifos, que nunca fueron entregadas, instando a las entidades bancarias en las que ingresaron el dinero a cuenta que paguen esas cantidades. A finales de diciembre de 2016, ya se había acordado la devolución de unos dos millones de euros a distintos afectados que demandaron durante 2015.

La jornada, que tendrá lugar el próximo jueves, 6 de abril, a las 18.00 horas, abordará de primera mano la situación creada tras dicha sentencia del Supremo, así como las experiencias reales de recuperación de esos ahorros, y las perspectivas que ofrece el actual panorama legislativo para poder recuperar las cantidades adelantadas a las empresas.