El escrito se fundamenta en la existencia de un concierto previo para el abandono de funciones promovido, dirigido y organizado por el sindicato USCA los días 2 y 3 de diciembre de 2010 y solicita para los delegados sindicales penas de acuerdo con el artículo 409 del Código Penal de multa de 12 meses con una cuota de 300 euros diarios, así como la pena de suspensión de empleo y o cargo público por un tiempo de dos años.
Además, para otros 70 controladores solicita el pago de una multa de 12 meses con una cuota de 300 euros diarios, también conforme al artículo 409 del Código Penal. La actuación de los controladores provocó que más de 600.000 pasajeros resultasen afectados, unos 40.000 de ellos en Baleares.
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