El diputado de Recursos Humanos, Antonio Garrote, ha sido el encargado de explicar los pormenores de este plan que define las estructuras orgánicas analizando cada departamento. Asimismo, aborda de forma conjunta la mejora de las condiciones laborales de los empleados en materia de estabilidad en el empleo, movilidad laboral, promoción profesional, conciliación de la vida personal y laboral, formación, relaciones laborales, igualdad, prevención de riesgos y salud laboral.

Dividido en bloques como Oferta de Empleo Público, funcionarización del personal laboral y medidas organizativas, el Plan de Ordenación de Recursos Humanos fija una serie de medidas "sujetas a negociación sindical" para la mejora de las condiciones laborales de los empleados públicos, entre las que Garrote ha citado un Plan de Igualdad, la carrera administrativa del personal interino o la regulación del teletrabajo.

Sobre el mismo, el portavoz de Grupo Popular, Juan Antonio Barrios, ha confiado en que el plan ofrezca "más sosiego" a los trabajadores de la casa que, según ha criticado, un día saben dónde van a trabajar pero no dónde lo harán al día siguiente, al tiempo que ha considerado que se trata de un "catálogo de buenas intenciones" que "habrá que ir desarrollando" y ha compartido que incluya la funcionarización del personal laboral, promoción interna u Oferta de Empleo Público.

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

De igual modo, el pleno ha dado luz verde por unanimidad de ambos grupos a una moción de Presidencia para iniciar el expediente de establecimiento como servicio provincial de un Centro Especial de Empleo que, según ha puesto en valor el presidente de la diputación, Miguel Ángel Gallardo, permitirá la inserción laboral de las personas con discapacidad y prestar servicio a las necesidades de los ayuntamientos.

Para ello se propone la constitución de una Comisión de Estudio que elabore una medida relativa a los aspectos social, jurídico, técnico y financiero de la actividad que pretende asumir la Diputación de Badajoz.

También por unanimidad se han aprobado la modificación de la Ordenanza del precio público de la Residencia Universitaria Hernán Cortés y de su reglamento interno, el nuevo reglamento de funcionamiento de los Centros Integrales de Desarrollo y la derogación del vigente y una serie de modificaciones presupuestarias para, entre otros asuntos, el servicio jurídico de protección a familias afectadas por las cláusulas suelo.

LEY DE RACIONALIZACIÓN

El pleno celebrado este viernes correspondiente al mes de marzo ha dado cuenta de la aprobación de la liquidación del presupuesto 2016 de la entidad, en relación al cual el diputado de Economía, Manuel Borrego, ha destacado que la diputación cerró dicho ejercicio con un remanente de 58 millones de euros y que el grado de ejecución presupuestaria alcanzó casi el 90 por ciento, así como que el periodo medio de pago a proveedores en los tres últimos meses del año fue de nueve, diez y dos meses.

Al respecto, se ha producido un debate entre PSOE y PP sobre la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que ha continuado posteriormente con la presentación de una moción por parte del PSOE y que insta a la Asamblea de Extremadura a que remita a la Mesa del Congreso de los Diputados una proposición de ley que derogue dicha normativa.

El portavoz del PSOE, Saturnino Alcázar, ha defendido esta moción, que ha sido aprobada con los votos del Grupo Socialista y la abstención del PP, y que también pide al Gobierno de España que "modifique y flexibilice" la regla de gasto incluida en la citada ley para que los ayuntamientos y diputaciones "económicamente solventes" puedan dedicar el superávit presupuestario a las inversiones que decidan o a la prestación de servicios básicos.

Además, emplaza a las entidades locales de la provincia a sumarse a esta moción para "alcanzar un compromiso municipalista" que impulse la derogación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y la "modificación y/o flexibilización" de los criterios que fijan la regla de gasto.

En su turno de palabra, Juan Antonio Barrios ha aseverado que no está "muy en desacuerdo" con las propuestas de acuerdo de la moción pero que sí discrepa de la exposición de motivos, en la que el PSOE apunta sobre dicha normativa que "ha debilitado la gestión municipal y el autogobierno local en aras de una pretendida eficiencia financiera" o que "contó desde su tramitación con el absoluto rechazo de casi todas las fuerzas parlamentarias representadas en las Cortes Generales".

Barrios ha felicitado que las entidades locales hayan "hecho los deberes" en materia de déficit y ha apuntado que "en muchos casos" ha sido gracias a esta ley, a la vez que ha defendido que no es una ley "antidemocrática" y que serán los jueces quienes diriman si es "anticonstitucional".

Por su parte Gallardo ha replicado que los 'populares' "no se mojan" con esta ley que ha criticado al tachar de "no razonable" que la diputación no pueda gastar los 58 millones de euros que tiene de remanente.