El pleno del Consell ha aprobado este viernes el anteproyecto de ley de Renta Valenciana de Inclusión, que prevé beneficiar a cerca de 95.000 personas en 2020, año en que se producirá su última fase de aplicación, que se llevará a cabo de forma "escalonada" desde 2018, cuando entrará en vigor.

Así lo ha indicado en rueda de prensa en València la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, quien ha explicado que la futura norma sustituirá a la actual renta garantizada de ciudadanía con distintos tipos de prestaciones: una complementaria del trabajo o de las prestaciones que no llegan al 80 por ciento del salario mínimo interprofesional, y una segunda de Inclusión Social, que se concederá en función de una valoración individual de la persona solicitante y que variará en función de diversos aspectos.

De esta forma, el importe de ésta será de 532 euros en el caso de un titular, frente a los 385 actuales, tanto en los casos en que la persona no necesite un itinerario de inserción o de acompañamiento como en los que sí lo requiera, y en este último caso, si el solicitante renuncia voluntariamente a realizarlo mantendrá la ayuda, pero se reducirá hasta los 266 euros.

Entre las novedades del anteproyecto -que ahora deberá pasar por el Consell Jurídic Consultiu (CJC) y el Consell Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana- respecto a la actual renta, Oltra ha destacado su carácter indefinido, cuando hasta ahora había un límite de tres años.

"Habrá una duración indefinida de la ayuda mientras se mantenga la situación de la persona", ha aseverado la consellera, quien ha indicado que hasta ahora el sistema se "colapsaba" por la caducidad y renovación de las rentas, lo que además provoca que

"el personal de servicios sociales de los municipios continuamente esté haciendo de administrativo".

Esta renta, además, será compatible con un contrato laboral durante los tres primeros meses y en varios casos supondrá un complemento de apoyo al alquiler, así como acceso automático a becas escolares para las familias que cuenten con ella.

95.000 BENEFICIARIOS EN 2020

Oltra ha señalado que la futura ley entrará en vigor "de manera escalonada", por lo que las ayudas de complemento de renta serán las últimas en ofrecerse, en 2020, cuando está previsto que se dé la última fase de aplicación de la norma.

"Hará falta un esfuerzo muy grande", ha destacado la también portavoz del Consell, quien ha indicado que la previsión de la Conselleria es incrementar en 40 millones cada año el presupuesto de las ayudas. Así, la ley, que entraría en vigor en el primer trimestre de 2018, contará aproximadamente con un presupuesto de 80 millones para ese primer año, 120 para 2019 y 160 millones para 2020. Ese año, la Generalitat prevé que los beneficiarios alcancen la cifra de 95.000.

DESIGUALDADES Y POBREZA

"En la última década en la Comunitat Valenciana se han dado nuevas desigualdades, nuevos perfiles de empobrecimiento, un debilitamiento de la cohesión social, y se ha dificultado la integración", ha apuntado Oltra, quien ha asegurado que "la normativa vigente está notablemente superada por estos fenómenos económicos y sociales", por lo que han observado "insuficiencias de adecuación de los medios" a las nuevas necesidades.

En este sentido, ha afirmado que en la Comunitat existe una "verdadera alarma" ante esta situación de empobrecimiento, ya que se ha producido una reducción gradual de los salarios medios de 2016, concretamente de un 18,7%. Además, los ingresos de la población juvenil han caído un 30%.

"La Comunitat en 2015 tenía una cobertura social irrelevante", ha lamentado la consellera, quien ha agregado que en este período la tasa de pobreza en la región era la cuarta más elevada de todo el territorio estatal y que el acceso a la renta mínima garantizada sólo alcanzaba al 3,3% de la población valenciana.

DERECHO A "VIVIR DIGNAMENTE"

"La finalidad es desarrollar el derecho fundamental a los recursos y prestaciones suficientes para vivir dignamente. Que las personas puedan tener un proyecto vital", ha afirmado Oltra, quien ha afirmado que la nueva ley implica una renta que llegará a más personas, ya que se flexibilizan los requisitos de acceso, siendo necesario sólo un año de empadronamiento, frente a los 24 meses actuales.

Además, exige únicamente la residencia efectiva en la Comunitat Valenciana para tener derecho a la misma, y amplia la edad para poder solicitarla a los 18 años a la vez que se elimina el límite de edad para percibirla, cuando ahora era sólo para personas de entre 25 y 65 años.

Entre los beneficiarios estarán los jóvenes que han sido tutelados por la Generalitat, las víctimas de violencia de género y las mujeres víctimas de trata, que podrán acceder a las ayudas independientemente de su edad.

Entre las mejoras que recoge el texto, también se incluye la redefinición de las unidades de convivencia, de manera que ahora dos unidades de convivencia podrán tener el mismo domicilio, siempre que los servicios sociales así lo consideren, y la concentración de las ayudas, de manera que la persona que sea titular de la renta tendrá también acceso a beneficios en otros ámbitos como el educativo o el de vivienda, sin necesidad de tener que hacer trámites adicionales.