El Gobierno gallego ha aprobado la Ley de protección y bienestar de los animales de compañía que busca, en palabras del presidente, Alberto Núñez Feijóo, "luchar al máximo contra el maltrato animal y el abandono". También ha avanzado que, en la línea del paso dado ya por varios ayuntamientos, Galicia prohibirá los circos con animales salvajes.

Lo ha anunciado tras el Consello de la Xunta de este jueves, en una rueda de prensa en la que ha subrayado que la nueva ley, que ahora se enviará al Parlamento, también aspira a sensibilizar en la necesidad de preservar el bienestar animal.

Si Feijóo ha aludido a la prohibición para todo el territorio gallego de los circos con animales salvajes, no ha aludido sin embargo a las corridas de toros, otra cuestión que es objeto de polémica y cuyo veto reivindican de forma reiterada los organismos ecologistas.

De forma genérica, ha incidido en que uno de los retos de la norma es que Galicia sea "una comunidad libre" de abandono de animales de compañía y que tenga una de las legislaciones más avanzadas de la Unión Europea (UE)

En cuanto al maltrato, una de las novedades que incorpora el nuevo texto es que tipifica de infracción grave el maltrato animal no solo en su representación como violencia, sino también por someter a los animales a condiciones higiénicas y sanitarias cuestionables.

Feijóo no ha concretado la cuantía de las sanciones en supuestos de maltrato o abandono por no disponer del dato, pero ha asegurado que se mantienen en los términos de la ley vigente, cuestión que han ratificado posteriormente a Europa Press fuentes de la Consellería de Medio Ambiente.

Así, los importes de multas que se contemplan van de 100 a 500 euros en el caso de las infracciones leves; de 501 a 5.000 euros en el caso de las graves; y de 5.001 a 30.000 euros para las muy graves.

Además, el personal funcionario de la Administración también podrá hacer o participar en las inspecciones, además de los veterinarios.

La norma recoge la prohibición de todo tipo de herramientas destinadas a impedir o limitar la movilidad de un animal, que les produzca daños o sufrimientos, o les impida mantener su posición normal.

También se señala como obligación abrevar y alimentar a los animales durante el transporte; emplear equipos adecuados en la carga y descarga que no produzcan sufrimiento; y queda prohibido su transporte en los maleteros totalmente cerrados y sin ventilación adecuada, así como atarlos a vehículos de motor en marcha.

Asimismo, quedan prohibidas todas aquellas conductas que supongan mutilaciones en los animales -cortar el rabo a los perros, por ejemplo- con el fin único de "mantener unas características de tipo racial o estético".

Otras novedades que incorpora la normativa es que el sacrificio de un animal de compañía siempre será prescrito por un profesional veterinario "en los supuestos y en las condiciones establecidas por la propia ley", y los propietarios no podrán hacerlo.

Frente al abandono, se apuesta por la creación de hogares de acogida, con un régimen de acogimiento temporal en el que se garantice el cuidado, atención y condiciones higiénico sanitarias que precise, y estará condicionado a la devolución inmediata del animal en el caso de que apareciese un adoptante.

Además, se prohíbe la adquisición de animales de compañía por menores de 16 años, salvo que cuenten con la autorización de su tutor legal.

Igualmente, la norma introduce la obligatoriedad de identificación en todos los casos de perros, mediante un microchip y su inscripción en el Rexistro galego de identificación de animales de compañía; una medida que ayudará a minorar la lacra del abandono, al permitir la identificación del titular del animal.

Además de recalcar que este proyecto legislativo es fruto del diálogo, Feijóo ha remarcado que el nuevo documento recoge la creación del Comité Consultivo para a Protección Animal, en el que estarán representados la Xunta, la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), las asociaciones de protección y defensa de los animales, el Consello Galego de Colexios Veterinarios, y entidades medioambientales.

Antes de Galicia, el Ayuntamiento de Madrid dio el primer paso para prohibirlo mientras que el Parlamento valenciano lo pidió por unanimidad em el pleno.