El Gobierno inicia el proceso judicial para reclamar la nulidad de inmatriculación de La Seo y La Magdalena

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Catedral de La Seo (Zaragoza)
Catedral de La Seo (Zaragoza)
EUROPA PRESS
Catedral de La Seo (Zaragoza)

El Gobierno municipal de Zaragoza en Común (ZEC) ha acordado iniciar el procedimiento, que incluye la vía judicial, para reclamar la nulidad de la inmatriculación de la catedral de La Seo y la iglesia de La Magdalena con el fin de que estos dos edificios sean de dominio público y patrimonio de todos los aragoneses.

"Este procedimiento no entra a valorar el uso religioso o litúrgico ni se enfrenta a la libertad de culto, sino que es una reclamación vía judicial para esclarecer la titularidad del bien", ha resumido el consejero municipal de Economía y Cultura, Fernando Rivarés, y ha estimado que estas inmatriculaciones "no se ajustan a derecho".

En rueda de prensa, ha explicado que se ha adoptado esta decisión porque el 8 de abril se cumplen los 30 años de inmatriculación por la Iglesia Católica de la iglesia de La Magdalena y si hasta entonces no se reclama pasaría a ser de titularidad definitiva de la Iglesia, que también es la titular de La Seo, que inmatricula en 1988.

Rivarés ha relatado que la Ley hipotecaria de 1946 establecía la posibilidad de inmatricular los bienes de la Iglesia Católica mediante el certificado de dominio emitido por el diocesano del lugar.

"Un privilegio registral que ya ha desaparecido del ordenamiento

jurídico", ha dicho al aprobarse en 2015 la Ley de reforma de la ley hipotecaria y de la Ley del catastro inmobiliario por el que se faculta a la inmatriculación "solo a las administraciones públicas y entidades de derecho público con personalidad jurídica propia".

Rivarés ha reconocido desconocer cuando se presentará la demanda judicial porque "hoy mismo se ha dado la orden a la Asesoría Jurídica que lleva sus plazos", pero ha apuntado que también se presentará un requerimiento al Gobierno de España, a través de la Delegación del Gobierno en Aragón, para esclarecer la titularidad de los bienes y pedir la nulidad patrimonial porque "contraviene la legislación".

COMO EN FRANCIA

Este requerimiento también se solicitará al Arzobispado de Zaragoza, que es conocedor de las intenciones del Ayuntamiento después de que el alcalde, Pedro Santisteve, le informara personalmente al arzobispo, Vicente Jiménez Zamora, en una reunión que han mantenido la pasada semana.

Fernando Rivarés ha expuesto el ejemplo de Francia, país en el que "la mayoría de las iglesias, incluida Notre Dame, es de titularidad pública y hay oficios religiosos, conciertos y visitas turísticas. La propiedad pública tiene que ser pública y no se cuestiona ni el uso, ni la libertad de culto", ha zanjado.

También ha dicho que esperan un inventario de bienes inmatriculados por la iglesia Católica desde 1978. "Se ha pedido al Registro de la Propiedad para que haya datos de identificación precisos que incluyan la certificación catastral y la delimitación de la finca porque hay diferencias numéricas".

Ha señalado que la inmatriculación de la finca urbana de La Seo es de 9.486 metros cuadrados, de los que 8.247 metros cuadrados son cubiertos e incluye dos viviendas privadas, una en la calle del Deán y otra en la plaza de La Seo, con 112 y 192 metros cuadrados, respectivamente, pero en el catastro constan 14.905 metros cuadrados, de los que 709 son habitables y una tasación de 9,5 millones de euros.

Tras recordar que esta petición de nulidad nace de una moción de CHA apoyada por el PSOE y ZEC, ha señalado que en el caso de La Seo se han dedicado 11 millones de euros de dinero público para su rehabilitación, que se realiza entre 1984 y 2002.

Precisamente, en ese último periodo de la rehabilitación se propone crear una fundación para gestionar públicamente ese templo, pero el entonces consejero de Cultura del Gobierno de Aragón, Javier Callizo, del Partido Aragonés, dijo que "no procedía porque no es acertada", ha rememorado Rivarés.

Sobre a quién pasaría la titularidad en caso de que prosperase la demanda judicial, Rivarés ha dicho que "el juez dirimirá a qué administración compete la titularidad patrimonial, quizá el Ayuntamiento quizá la DGA, pero según la Ley hipotecaria tiene que ser de titularidad pública", ha insistido.

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