Sergio Blasco queda en libertad tras pagar la fianza de 80.000 € por la trama de amaño de contratos sanitarios

  • El exgerente del Hospital General de Valencia, Sergio Blasco -sobrino de Rafael Blasco, exconseller de Solidaridad encarcelado por el caso Cooperación-, ha quedado en libertad tras depositar la fianza de 80.000 euros decretada este misma tarde por el Juzgado de Instrucción número 6 de València por una presunta trama de amaño de contratos sanitarios a cambio de comisiones ilegales en la Conselleria de Sanidad, suscritos entre 2005 y 2014, durante el anterior Gobierno autonómico del Partido Popular.

Blasco ha sido puesto en libertad después de abonar en el Juzgado de Instrucción número 9 de València -en funciones de guardia- la fianza poco después de que el juez ordenara para él prisión eludible bajo fianza, según han informado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El que fuera gerente del General fue arrestado este pasado jueves por su presunta participación en una causa abierta por varios delitos contra la administración pública, entre ellos malversación, prevaricación, falsedad, blanqueo, fraude y cohecho.

Durante esta jornada, el instructor ha tomado declaración a siete detenidos y a otro investigado que ha comparecido voluntariamente. Entre los arrestados se encuentran un hermano de Sergio Blasco, también sobrino del exconseller, y responsables de varias empresas, proveedoras de servicios y de material de la Conselleria de Sanidad, del Consorcio Hospital General Universitario, del centro Hospitalario y La Fe.

En la comparecencia celebrada esta mañana en una de las salas de la Ciudad de la Justicia de València, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido prisión eludible con fianza de 180.000 euros para Sergio Blasco, así como la misma medida pero con una fianza sin concretar para Francisco José Escandell, administrador de varias empresas como Cyomed o Mantenimientos Paesvi; Miguel Sanfélix, administrador de las empresas Out-Log y Kanbanlog; y para Ana Clares, accionista de Corporación Sociosanitaria del Mediterráneo.

Tras estudiar las peticiones, el juez ha acordado fijar 80.000 euros para que Blasco evite la prisión provisional y la libertad bajo fianza de 35.000 euros para dos de los empresarios arrestados.

Los otros cinco investigados han quedado en libertad con medidas cautelares que van desde las comparecencias periódicas en el juzgado hasta la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del territorio nacional para el resto.

INVESTIGACIÓN DESDE 2014

Esta investigación se inició a partir de 2014 a raíz de una denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción. El juzgado incoó diligencias y, casi tras dos años de investigación, el instructor ordenó esta semana el secreto sobre una parte de la causa para poder llevar a cabo la operación que ha culminado con los arrestos y registros, según el TSJCV.

Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) había presentado con anterioridad un escrito ante Fiscalía, firmado por la exparlamentaria en las Corts y actual eurodiputada Marina Albiol, en el que se aludía a una presunta trama de corrupción de adjudicaciones sanitarias a empresas privadas por valor de unos 29 millones de euros.

A partir de ahí, la formación de izquierdas realizaba una serie de conexiones con varias empresas vinculadas al negocio sociosanitario y localizadas en Alzira. La relación llegaba hasta Sanygestión 2012 SL, donde aparecía Francesc Manel Blasco Tello, sobrino de Sergio Blasco y que hizo un trabajo universitario de carácter académico precisamente sobre la empresa Out-Log SL.

ADJUDICACIONES POR CASI 30 MILLONES

El montante de las adjudicaciones ascendía a 29,4 millones de euros, los principales, de 18,8 y 10,5 millones de Sanidad a Out-Log, con fechas 2010 y 2007, para la gestión del servicio público mediante concesión, en el primer caso, de la logística del Departamento de Salud Valencia La Fe, en el antiguo y nuevo centro, y el servicio integral de logística para el Hospital General y el área de influencia.

En la operación se practicaron 18 entradas y registros en domicilios particulares de los investigados y sedes sociales de empresas en Alicante, Madrid, València, Alzira, Mislata, Paterna y Xirivella, en donde intervinieron documentación sobre la relación comercial entre la administración pública y las empresas investigadas.

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