Según el decreto de archivo, al que ha tenido acceso Europa Press, Fiscalía señala que "que no existen indicios relevantes de los requisitos exigidos en relación con los propietarios de los inmuebles señalados en el sentido de que hayan incumplido de forma grave y reiterada sus obligaciones de conservación del inmueble con el fin de lograr su ruina".

Del mismo modo, considera que "no existe, por parte de personas físicas en el ámbito del Ayuntamiento y en los últimos años, una conducta dolosa ni gravemente negligente causante de daños al Patrimonio ni de Prevaricación Urbanística o en relación con inmuebles protegidos, teniendo en cuenta el contenido de la documental aportada que en lo referente a la conducta del Ayuntamiento y con relación al derecho de los ciudadanos a un funcionamiento ágil y eficaz de los poderes públicos, en ningún caso confirman un comportamiento omisivo, grave y reiterado".

El fiscal señala que en el fondo subyace "una preocupación legítima y que compartimos por el estado del patrimonio arquitectónico de nuestra ciudad pero donde se confunde a veces el valor histórico-patrimonial con valor sentimental y se pretenden adelantar las barreras de protección de forma incompatible con los principios y límites del Derecho Penal vigente".

A su vez, destaca que "no hay denuncia concreta de delito contra el patrimonio histórico, ni urbanístico, mas allá de sospechas generales sobre posibles irregularidades urbanísticas en relación con proyectos de restauración de edificios con valor patrimonial y más en concreto desacuerdo con una determinada gestión de la materia, lícito pero ajeno al Derecho Penal".

Por todo ello, el pasado mes de diciembre, la Fiscalía solicitó al Ayuntamiento, entre otras diligencias, la calificación concreta y nivel de protección de los inmuebles mencionados en su escrito por los denunciantes, como son el Colegio Ferroviario de la Avenida de Italia, el edificio de la calle Palacio, 4, Mercado de Santa Fe, Antigua Sede de Hacienda de la Plaza Constitución y el Banco de España en Plaza de las Monjas.

En la capital existen unos tres centenares de inmuebles protegidos con distintos grados de protección, teniendo en cuenta el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (Cgpha) que establece 22 BIC, el Sistema de Información del Patrimonio Inmueble Andaluz, el Catálogo del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que diferencia P1 monumental, P1 no monumental, P2 y P3 (30 inmuebles en total), el Catálogo de Espacios Arqueológicos (10 ámbitos) y el Catálogo del Plan Especial de Reforma Interior del Casco Histórico (PERI) que diferencia P1, P2 y P3 (total de 186).

En la citada denuncia, el Círculo Sectorial del Patrimonio Cultural de Podemos ponía de manifiesto que "no existe ningún interés por parte del Ayuntamiento, gobernado por el PSOE, en hacer valer lo estipulado en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, en cuanto a la adaptación del planeamiento urbanístico al Patrimonio Histórico de la ciudad".