Según ha indicado la Asociación en nota de prensa, estas empresas próximamente llevarán a cabo el tratamiento de una pareja de águilas perdiceras afectadas por tricomoniasis, así como la rehabilitación de un nido de águila imperial, dañado por las tormentas.

Éstas y otras acciones son las que habitualmente lleva a cabo la Unida, por lo que Apam considera que "una vez que se han externalizado estas dos intervenciones y llegada la primavera, época en la que surgen más necesidades de este tipo, nos tememos que el Gobierno continúe pagando por un servicio que llevan a cabo sus funcionarios".

La Asociación explica que hace ya más de diez años que la Administración invirtió recursos, tiempo y efectivos en formar a agentes medioambientales para apoyar a la Unida que, en lo relacionado con los ilícitos penales son las encargadas de la obtención de indicios para otras unidades como la de lucha contra el veneno o la Brigada de Investigación de Incendios Forestales, así como, de ser necesario, colaboración en la búsqueda y rescate de desaparecidos y heridos en el medio natural.

Además, entre sus funciones en lo relacionado con el apoyo técnico realizan el control sanitario de la avifauna, la asistencia a ejemplares heridos, recuperación de sus cadáveres o restos, marcaje de pollos, restauración y construcción de plataformas de nidificación, censos de quirópteros en interior de cavidades, eliminación de nidos o colonias de especies alóctonas, localización y recolección de flora rupícola, toma de muestras en inspección sanitaria arbórea, recuperación de cadáveres de ejemplares cinegéticos abatidos.

En la actualidad, con más agentes formados que en ningún otro momento, "estas unidades se encuentran bloqueadas e inactivas desde los despachos de los responsables del Cuerpo de Agentes Medioambientales aún conociendo las necesidades trasladadas por las secciones técnicas que demandan apoyo las mismas".

"Estos bloqueos se han intentado corregir desde Apam mediante conversaciones telefónicas y el registro de petición de reunión

con la responsable de dicha situación sin que ésta haya respondido", argumenta, para agregar que "la Consejería dirigida por Francisco Martínez Arroyo alega para el bloqueo un riesgo en el trabajo que desarrollan los agentes que no está dispuesta a asumir".

Una postura que agrega que "choca frontalmente" con la que tienen otras comunidades autónomas que resuelven con sus funcionarios "satisfactoria y gratuitamente" sus necesidades en lo relacionado con estas intervenciones.