Según ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa, el alcalde Francisco Cuenca les ha propuesto vías de colaboración como la cesión de viviendas para uso social; la participación en proyectos municipales de inclusión social y residencial; o un protocolo para actuar con antelación a la ejecución hipotecaria.

Durante el encuentro, el regidor granadino ha agradecido "la buena disposición" de los asistentes y ha asegurado que "resulta decisivo contar con las entidades bancarias, para un tratamiento integral y efectivo que garantice el derecho constitucional a una vivienda". Se trata de "unificar esfuerzos y abordar soluciones al problema de la exclusión residencial que padecen o pueden padecer numerosas familias de la ciudad".

Al inicio de la sesión, el regidor granadino ha explicado que, hasta el momento, el Ayuntamiento mantiene acuerdos y vías de colaboración con el Decanato de los Juzgados, el Colegio de Abogados, las administraciones públicas competentes, y las organizaciones no gubernamentales y entidades sociales que integran en la ciudad el colectivo `Vivienda en red', por lo que, en sus palabras, "resulta decisivo incorporar a las entidades financieras como cuarto pilar para un tratamiento integral y efectivo que garantice el derecho constitucional a una vivienda".

"El compromiso social de una ciudad solidaria como la nuestra y la apuesta de este equipo de gobierno han permitido que Granada sea innovadora y pionera en el impulso de un convenio con el Decanato de los Juzgados, cuyos frutos se han materializado con carácter previo al lanzamiento", ha afirmado Cuenca que ha asegurado de que "a través de la oficina social de la vivienda; del servicio de intermediación hipotecaria creado en colaboración con el Colegio de Abogados; y del espacio de coordinación técnica que integra a las distintas administraciones, se han implementado importantes medidas de intervención".

La oficina social de la vivienda ha realizado en el año 2016 un total de 592 intervenciones que han afectado a 1.829 personas en situación de "exclusión residencial", y ha abierto 314 nuevos expedientes.

Entre las propuestas municipales, se encuentra la que trata de aumentar la participación de las entidades en proyectos de inclusión social para personas con discapacidad o dependencia, dado que se ha detectado una necesidad urgente de estas viviendas accesibles.

Entre las medidas prioritarias planteadas desde el Ayuntamiento está también un protocolo de actuación con antelación a la ejecución Hipotecaria, es decir, a un nivel preventivo que se anticipe a la pérdida de la vivienda habitual en familias vulnerables.

El catálogo de medidas al respecto sugiere la cesión de datos estadísticos a los Servicios Sociales Municipales -previa autorización de los afectados- relativas a aquellas personas o familias afectadas por una medida judicial de suspensión del lanzamiento o de mora contable.

Con esta propuesta, se trataría de estudiar, caso por caso, distintas medidas para lograr el mantenimiento de la vivienda a través de ayudas de renta limitada -en casos de impago de renta por alquiler-; u otras opciones que prevean y eviten la exclusión residencial, según sea cada caso.

Asimismo, el protocolo de colaboración propuesto por el Consistorio granadino prevé la actuación, una vez alcanzados los objetivos, del plan de intervención propuesto en cada caso por los servicios sociales, para que las familias puedan recuperar o mejorar problemáticas que les impidieran el pago de sus obligaciones, pudiendo valorarse en estos casos la rehabilitación de la hipoteca o el fraccionamiento de la deuda de alquiler.

Otra de las cuestiones igualmente novedosa que el equipo de gobierno local ha propuesto en la sesión ha sido barajar el derecho de tanteo con limitación temporal para viviendas destinadas a utilidad pública o interés social.

En este sentido es importante precisar que, sin perjuicio de lo propuesto en el anteproyecto de retracto en desahucio de viviendas de Andalucía, las financieras incorporadas al espacio técnico, podrían acordar "el derecho de tanteo de determinados inmuebles al resto de entidades, favoreciendo así la permanencia de las familias sujetas a un crédito impagado de baja cuantía".

También en la misma dirección, se ha planteado la posibilidad de que las entidades bancarias que dispongan de inmuebles desocupados con baja probabilidad de venta a terceros, puedan ofrecerlos por debajo del valor de mercado, siempre que estén destinadas a utilidad pública o interés social, en casos de emergencia habitacional.

El alcalde ha agradecido a todos los asistentes su "buena disposición" y el afán de colaboración, y en este sentido, les ha instado a incorporarse al denominado espacio técnico de vivienda en que están representados Junta y Ayuntamiento "para coordinar actuaciones que garanticen el derecho a una vivienda digna a los grupos de especial protección, y con especial atención a las situaciones de debilidad o especial emergencia social y económica por riesgo de pérdida de la vivienda habitual o en situación de exclusión social".

Junto al regidor granadino y la concejal de Derechos Sociales, Jemi Sánchez, han acudido a la reunión representantes en Granada de Caja Rural, Bankinter, BBV, Banco Mare Nostrum, Banco Popular Español, Caixabank, Banco Santander, Triodos Bank, Bankia y Bankinter.