En un comunicado, la institución que dirige la rectora Pilar Aranda, ha indicado que no admitirá el "desprecio a los mecanismos y los órganos que los Estatutos de la Universidad de Granada establecen como garantía de gestión autónoma y democrática" y por ello exige el fin de la ocupación de unas instalaciones "cuyo normal uso está viéndose impedido".

Al mismo tiempo, la UGR ha expresado su "permanente voluntad de diálogo con todos los integrantes de la comunidad universitaria" y ha asegurado que "todas sus demandas recibirán siempre la atención necesaria dentro del procedimiento democrático" recogido por sus estatutos.

En este marco, "confiamos en contar con la colaboración de la comunidad universitaria para identificar y corregir cuantos problemas se interpongan en la misión que corresponde a una universidad pública", ha concluido el comunicado.