En declaraciones a Europa Press, Rosa Bayot, una de las portavoces de la plataforma, ha lamentado el decreto emitido el pasado 24 de febrero por el Juzgado de Primera Instancia número 18, para el embargo preventivo de las "fincas registrales" del Sector F de Almensilla, marcado como es sabido por el presunto desfalco de unos 3,7 millones de euros, del dinero aportado por los parcelistas para la urbanización del sector y la instalación de alumbrado público o redes de suministro.

El mencionado decreto, recordémoslo, deriva de una sentencia emitida el 24 de febrero de 2015 por el Juzgado de Primera Instancia número 18 de Sevilla, respecto a una demanda de "reconocimiento de deuda" promovida por la constructora Istem S.L. contra la junta de compensación del sector F, que entre 2012 y 2013 contrató a la mencionada empresa, para obras relacionadas con el proyecto de urbanización y dotación del entorno.

Dicha sentencia, según la documentación recogida por Europa Press, condena a la junta de compensación al abono de las cuantías demandadas por Istem S.L., tras lo cual en septiembre de 2016, el juzgado emitió un "despacho de ejecución provisional" del fallo, fijando en algo menos de 2,3 millones de euros la cuantía a satisfacer.

EL "EMBARGO" DE LAS FINCAS

El mencionado decreto, en el marco de la ejecución provisional de la sentencia, deriva de la solicitud promovida por Istem S.L. para "el embargo de las fincas incluidas en la junta de compensación Sector F y la anotación preventiva de todas ellas en el Registro de la Propiedad número uno" de Sevilla.

Y mientras la dirección de la junta de compensación ha formulado ya un recurso directo de revisión contra dicho decreto, en demanda de su plena nulidad, la portavoz de la plataforma de afectados, que reúne a los propietarios contrarios a la dirección de la junta de compensación, ha advertido de que los parcelistas desconocían "el contrato firmado" en 2012 con Istem S.L. para acometer las obras.

"Era un contrato millonario de unos nueve millones de euros, imposible de cumplir porque en las cuentas de la junta de compensación no había nueve millones", ha dicho, opinando que se trataba de una contratación "temeraria". Es más, Rosa Bayot ha asegurado que los propietarios no se han "enterado" hasta ahora de la sentencia de febrero de 2015 sobre la demanda de "reconocimiento de deuda" promovida por Istem S.L. "Nunca nos lo dijeron. Sólo decían que había una serie de contenciosos contra la junta de compensación", ha señalado.

LOS MISMOS "PERJUDICADOS"

En ese sentido, y ante el recurso de revisión promovido por la junta de compensación contra el mencionado decreto, la portavoz de la plataforma ha manifestado su temor ante la posibilidad de que los propietarios acaben costeando "las costas" judiciales del procedimiento.

"Los perjudicados somos siempre los parcelistas", se ha quejado, exponiendo que una buena parte de los mismos no se sienten "representados" por la dirección de la junta de compensación, no sólo porque la misma actúe de manera "dictatorial", sino porque el presidente es uno de los múltiples investigados por el Juzgado mixto número uno de Coria del Río, a cuenta del presunto desfalco de unos 3,7 millones de euros de las cuentas de la junta de compensación.