Según ha recordado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la Audiencia condenó a la ex primera edil a dos años de cárcel por un delito de cohecho. Le impuso también una multa de 7.800 euros y la inhabilitación especial de empleo y cargo público. La sentencia fue confirmada por el Tribunal Supremo a finales del pasado año.

Firme la sentencia y antes de que la Sala le requiriera para ingresar en prisión, la condenada pidió la suspensión de la ejecución de la pena de cárcel. La solicitud le fue desestimada por el tribunal.

Natividad García presentó entonces un recurso de súplica contra esta decisión y solicitó de nuevo la suspensión, a la espera de que el Ministerio de Justicia se pronuncie sobre su petición de indulto.

La Audiencia estima ahora este recurso por entender que si ejecuta la pena "puede frustrar la finalidad del indulto pretendido". La Sala se basa en el artículo 4.4 del Código Penal, que prevé la posibilidad de suspender la ejecución de la pena privativa de libertad en dos casos. El primero, cuando por su cumplimiento pueda resultar vulnerado el derecho a un procedimiento sin dilaciones indebidas, que no es el caso de la exalcaldesa. Y el segundo, cuando "de ser ejecutada la pena, la finalidad del indulto pudiera ser ilusoria, situación esta última que puede representarse en este supuesto al menos de forma parcial".

La ex primera edil fue condenada por recibir dinero de parte del entonces secretario del consistorio Sancho Sempere o de sus empresas por facilitar el mantenimiento del asesoramiento al Ayuntamiento de La Pobla por parte de la Academia Valenciana de Juristas que gestionaba y controlaba Sancho Sempere.

En concreto, el fiscal recogía que García recibió 4.500 euros que Sancho le remitió por transferencia bancaria a su cuenta en mayo de 2009; otros 2.900 euros que le entregó la empresa del condenado Millena III Milenio en febrero de 2011; y la suma de 1.200 euros que Sancho transfirió a una cuenta de García en julio del mismo ejercicio.