la condena de un matrimonio acusado de blanquear más de 570.000 euros procedentes del tráfico de drogas. La vista oral está señalada para este miércoles, en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias con sede en Gijón, a las 10,30 horas.

De acuerdo a la nota de prensa remitida por la Fiscalía, los acusados fueron condenados por la Audiencia por delito de blanqueo de capitales, en virtud de la cual se acordó el comiso de una finca que había sido adquirida por la acusada el 30 de abril de 2003.

Posteriormente, la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones del Plan Nacional de Drogas procedió a sacar dicha finca a subasta el 19 de febrero de 2014, siendo su precio de tasación de 960.000 euros.

Esta resultó adjudicada al 50 por ciento, por 570.892 euros a los investigados, que son matrimonio y que, pese a no ejercer actividad laboral alguna y el escaso tiempo que estuvieron dados de alta en la Seguridad Social (tres años y ocho meses la acusada y 15 años, siete meses y tres días el acusado), son titulares de siete y cuatro fincas respectivamente.

Estos hicieron efectivo el importe de la adjudicación mediante dos cheques bancarios, uno de 9.600 euros en concepto de fianza para acceder a la subasta, y otro de 561.292 euros, constituyendo hipoteca sobre la finca a favor de Caja Rural de Asturias, en garantía de un préstamo de 400.000 euros el 28 de marzo de 2014.

La Fiscalía sostiene que su patrimonio y, en concreto, el metálico con el que adquirieron la finca, procede del tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, delito por el que el acusado fue condenado en sentencia de 6 de marzo de 2009. Este tiene antecedentes penales por delitos contra la salud pública y de blanqueo de capitales, susceptibles de cancelación.

En concreto, el

Ministerio Público considera que los hechos son constitutivos de un delito de blanqueo de capitales del artículo 301.1 y 2 del Código Penal y solicita que se condene a cada uno de los acusados a tres años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de 180.000 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un día por cada 500 euros impagados. Costas procesales.