Así lo han aseverado fuentes del departamento que dirige Vicent Marzà, que han agregado que "si alguien está en contra" de esos dos objetivos, puede actuar como desee.

El sindicato docente ANPE ha anunciado este martes que ha interpuesto un recurso judicial contra el decreto -que entró en vigor el pasado 7 de febrero- y ha solicitado medidas cautelares para suspender su aplicación. La entidad considera, entre otras cosas, que la norma "vulnera gravemente" el derecho a la educación y a la igualdad estableciendo agravios comparativos en función de la modalidad de nivel lingüístico escogida por el centro.

Al respecto, desde la Conselleria han señalado a Europa Press que no tienen nada que decir, puesto que cada entidad debe actuar como considere oportuno, y han incidido en que desde la administración autonómica se va a "seguir trabajando para que haya más inglés y un mejor conocimiento de las dos lenguas cooficiales".