20 personas acusadas de fingir contratos falsos para poder cobrar prestaciones por desempleo. Entre las personas que ocuparán el banquillo se encuentra el empresario que hizo las supuestas falsas contrataciones y 19 presuntos beneficiarios que, según Fiscalía, llegaron a cobrar de forma indebida prestaciones por valor de más de 91.000 euros.

Los hechos que se enjuician se remontan al periodo comprendido entre los meses de octubre de 2011 y agosto de 2012. Según relata el Ministerio Fiscal en su escrito de calificación al que ha accedido Europa Press, el acusado A.C.C. se inscribió en el Régimen General de la Seguridad Social como empresario de Linares (Jaén) dedicado al comercio al por mayor de textiles.

La Fiscalía apunta que la finalidad era dar de alta como viajantes para venta ambulante a un total de 19 personas que son las que se sientan también en el banquillo de los acusados. Estas contrataciones, relata Fiscalía, "se llevó a cabo mediante contratos simulados con el fin de lograr que por parte de aquellos se reuniesen las condiciones precisas exigidas por el vigente sistema de Seguridad Social para percibir prestaciones por desempleo de carácter asistencial".

De hecho, los 19 acusados, según recoge Fiscalía, solicitaron prestaciones "con base en la documentación creada ex profeso para dicha finalidad".

Para el empresario, A.C.C., el Ministerio Público reclama tres años y medio de prisión como presunto autor de un delito de falsedad en documento oficial en concurso con un delito de estafa agravada por razón de la cuantía. Asimismo se pide la imposición de una multa por valor de 1.440 euros.

Para los 19 acusados restantes, como autores de un delito de falsedad en documento oficial en delito con un delito de estafa, Fiscalía pide dos años de cárcel.

En responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal reclama que cada uno de los acusados indemnice a la entidad que les abonó las cantidades en concepto de prestación, lo que equivales a "todas las cantidades percibidas indebidamente del sistema de Seguridad Social". Además, A.C.C., según Fiscalía, responderá solidariamente con lo que adeuda cada uno de los acusados a las arcas públicas hasta completar los más de 91.000 euros presuntamente estafados.