Estas supuestas irregularidades fueron detectadas en uno de los informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas que analizaba las sociedades municipales de Marbella, entre ellas Control de Servicios Locales. De ahí, salió el denominado caso 'Minutas', por el que fue condenado y cumple condena Del Nido, y también esta pieza separada que ahora se juzga.

En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía Anticorrupción precisa que todos los informes de fiscalización sobre el Ayuntamiento aludían a "la insuficiencia de los controles económicos y financieros", lo que "facilitó" que la gestión municipal se trasladara a la sociedades municipales y se "eludieran los requisitos legales" para el uso de fondos públicos.

Esa "deficiencia de control" se acentuaba con que, dice el ministerio fiscal, no se realizaron programas de actuación ni financiación de las sociedades, el Ayuntamiento "no exigía justificación del empleo dado a las transferencias" para servicios u operaciones y en las órdenes de pago "no se incluía documentación alguna justificativa de su destino".

Según la acusación, en relación con el pago de las minutas desde dicha sociedad "no existió control previo desde la Intervención municipal", sino posterior. "Durante este periodo, por expresa voluntad de los alcaldes Jesús Gil y Julián Muñoz y con el apoyo de los respectivos concejales de Hacienda -dos acusados en la causa-, el pleno no tuvo información ni ejerció control alguno", se indica.

En la sociedad Control de Servicios Locales, Muñoz era presidente y otros dos acusados eran miembros del consejo de administración, y estos, dice el fiscal, "lejos de advertir las evidentes contravenciones de la normativa legal aplicable, consintieron y colaboraron conscientemente en el mantenimiento de esa anómala situación que causó el quebranto de fondos públicos".

En marzo de 2000, la sociedad amplió su objeto social a la prestación de servicios de asesoramiento jurídico a otras mercantiles y al Ayuntamiento, para lo que la letrada colaboradora del despacho de Del Nido, acusada en esta causa, "firmó fraudulentamente un contrato de arrendamiento de servicios profesionales, como facilitador de los pagos que recibiría mensualmente".

Y esto, dice Anticorrupción, "con conocimiento del alcalde y del delegado municipal de Hacienda", que fueron dos distintos, según el periodo de tiempo, y que eran los que dictaban los correspondientes decretos; "pero a espaldas del control previo y efectivo de la Intervención". Se trataba de asesoramiento jurídico, relacionado sobre todo con la fiscalización realizada por el Tribunal de Cuentas.

Según las conclusiones provisionales del fiscal, "no consta que la letrada realizara trabajo de asesoría jurídica alguno para la sociedad municipal durante la vigencia de dicho contrato ni con anterioridad", sino que colaboró junto a Del Nido en relación con la fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas, representando "intereses contrapuestos".

En este caso, se emitieron facturas estandarizadas desde 2000 a 2003 por una cantidad total de 218.695 euros. Pero, según señala la acusación pública en su escrito provisional, se realizaron otras contrataciones de la misma forma, en concreto de un bufete de abogados, cuyo responsable ha fallecido, y de un economista.

Así, se acusa a Muñoz, a los ex cargos municipales y a la letrada por los delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales, añadiendo en el caso de la abogada el delito de falsedad en documento mercantil. Se solicita ocho años de prisión para los exresponsables municipales y nueve para la acusada.