La portavoz del PNV en las Juntas Generales de Gipuzkoa, Maria Eugenia Arrizabalaga, ha considerado que la sentencia de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, que confirma que el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa tendrá que seguir abonando 600.000 euros mensuales por el crédito que no se utilizó por la paralización de la incineradora, ratifica que las decisiones adoptadas por la formación jeltzale en GHK "fueron las adecuadas" y que "el elemento realmente tóxico de todo este relato fue la decisión de Bildu de no construir" la planta de Zubieta.

En un comunicado, Arrizabalaga ha asegurado que, tras la sentencia que declaró nula la resolución del contrato de construcción de la planta de valorización de Zubieta, esta nueva resolución judicial "pone en evidencia la arbitrariedad y el dogmatismo con los que actuó Bildu en las instituciones guipuzcoanas".

La procuradora del PNV ha recordado que en mayo de 2013, dos años después de asumir las riendas de los órganos del Consorcio de Residuos, Ainhoa Intxaurrandieta y Antton Lete, presidenta y director gerente de GHK por Bildu, interpusieron demanda en los juzgados, basada en el supuesto carácter "especulativo" y la "alta toxicidad" del 'swap' contratado en la anterior legislatura como cobertura de la financiación necesaria para construir la incineradora.

Agirrezabalaga ha considerado que, de la lectura de la sentencia a esa demanda, cabe afirmar que los 'swaps' "se ajustaron exactamente" a lo que requería el Banco Europeo de Inversiones, en el sentido de "asegurar durante toda la vida del proyecto un tipo de interés fijo que evitase incertidumbres, para conceder a GHK el préstamo privilegiado" para la construcción de la incineradora prevista en el PIGRUG.

En ese sentido, ha incidido en que "no existía otra fórmula alternativa que mejorara las condiciones del producto contratado" y ha considerado que "se desmontan las alternativas planteadas por Bildu precisamente por ser, además de más caras, especulativas".

Además, ha destacado que el producto de cobertura de los tipos de interés contratado no era "especulativo en origen" y que los citados 'swaps' "se convirtieron en producto especulativo justo en el momento en que Bildu tomó la decisión exclusivamente política de no construir la incineradora".

RESPONSABILIDAD POLÍTICA

La portavoz del PNV ha subrayado que la "responsabilidad política" de Bildu sobre las consecuencias de su decisión "es evidente". Además, se ha referido a las consecuencias económicas de las decisiones adoptadas por la coalición soberanista, entre las que ha citado "los 11 millones de euros públicos en indemnizaciones a las constructoras por una resolución contractual nula" y los "60 millones de euros públicos a pagar a los bancos, sin que se haya realizado la inversión prevista".

"Otros 50 millones por la pérdida de primas energéticas de generación de energía limpia a través de los residuos, a lo que hay que sumar el sobrecosto para las arcas públicas guipuzcoanas de no disponer hasta 2019 de la infraestructura de gestión de residuos que debía estar en marcha desde 2014", ha insistido.

El "enorme agujero económico" que supone lo anterior para "los bolsillos" de toda la ciudadanía guipuzcoana es, en opinión del PNV,

"consecuencia de una decisión política adoptada por los gestores de Bildu basada exclusivamente en posiciones dogmáticas, en contra de la mayoría democrática de Gipuzkoa y en contra de la Norma Foral vigente".