Durante la reunión se han abordado cuestiones relacionadas con el inicio de una serie de medidas para erradicar el uso de sustancias prohibidas, como la firma de un Pacto Andaluz Contra el Veneno, en la cual podrán colaborar las corporaciones municipales, y se contará con la implicación de organizaciones y agentes sociales.

A ello se sumará la revisión, por parte del Consejo de Gobierno, de la Estrategia Andaluza contra el Veneno, que viene desarrollándose desde 2004; la implicación de los ayuntamientos en la lucha contra el uso de cebos envenenados en sus términos municipales, y la puesta en marcha de un protocolo de colaboración entre agentes de Medio Ambiente y del Seprona de la Guardia Civil.

El delegado de Medio Ambiente ha asegurado que "la lucha contra el uso del veneno constituye una política prioritaria de la Junta de Andalucía en materia de medio ambiente". Además, ha recordado que "la colocación de cebos envenenados, a parte de suponer un peligro para la fauna cinegética y protegida, constituye un delito."

Para Algar, "el uso del veneno supone, no solo una grave amenaza para las especies silvestres y sus ecosistemas, sino que también puede suponer un alto riesgo para la salud pública, ya que hay que considerar la cercanía de núcleos de población a los lugares donde en ocasiones han sido hallados cebos envenenados."

Para lograr estas medidas, la Junta de Andalucía creó la Brigada de Investigación de Venenos en la provincia de Córdoba en 2014, integrada por diez agentes de Medio Ambiente, especializados contra el veneno en el medio natural. La Brigada también cuenta con una Unidad Canina Especializada en la detección de tóxicos en cebos y cadáveres de animales, integrada por cuatro perros.

Algar ha animado a la ciudadanía a poner en conocimiento de los agentes de Medio Ambiente cualquier indicio de uso de venenos y ha resaltado la labor fundamental de concienciación a la ciudadanía que realizan los agentes sobre las actuaciones en el medio natural.