El texto ha contado con el voto a favor de Partido Popular, PSOE, Partido Aragonés, Ciudadanos y Chunta Aragonesista y el voto en contra de Podemos. El consejero de Vertebración Territorial, Movilidad y Vivienda del Ejecutivo aragonés, José Luis Soro, ha detallado que se trata de introducir dos modificaciones sobre los PIGA con la "clara intención de impedir la especulación" en la tramitación de los mismos.

En concreto, se introduce la reserva de terrenos una vez que se determine la ubicación del proyecto en la declaración de interés general e incluso antes de que esta se produzca, una vez que el promotor del proyecto haya presentado la documentación para iniciar el proceso, siempre que se trate de un PIGA de utilidad pública, haya acuerdo con el municipio o municipios afectados y se conozca el emplazamiento.

Según ha dicho, entre que se presenta la documentación y se hace la declaración de interés público pasan unos tres

meses y su objetivo es evitar que en ese plazo, así como durante el año y medio que transcurre desde la declaración de interés general hasta aprobación PIGA pueda producirse una "alteración sustancial de los valores ordinarios" de los terrenos afectados por el proyecto.

La segunda modificación pretende resolver "dudas interpretativas" sobre la ordenación de los PIGA y facilitar que se puedan establecer módulos de reservas especiales destinados a equipamientos, infraestructuras, energía, servicios o a "las necesidades específicas" de cada proyecto, ha detallado Soro.

El consejero ha añadido que se trata de evitar "poner en grave riesgo la capacidad de la Administración autonómica y local" para "dar respuesta a las demandas de implantación empresarial en nuestro territorio que ya están llamando a la puerta" y por eso también ha defendido su tramitación como decreto ley ya que es "necesaria su aplicación inmediata".

HERRAMIENTA

El diputado del PP, Fernando González, ha indicado que "esta acción legislativa extraordinaria y urgente es una herramienta que tiene el Gobierno" para poder desarrollar actividades de este tipo y ha expresado su "apoyo total" a un modelo "donde la iniciativa privada crea empleo", que es "la mejor política social", para pedir impulsar otras inversiones "no tan cuantiosas" como la de Guissona, pero "vitales" para los municipios.

El diputado del PSOE, Fernando Sabés, ha defendido "ir de la mano del Ayuntamiento de Épila para evitar la especulación y que algunos hagan negocio particular en detrimento de las arcas públicas y del interés general", además de que "es importante acortar plazos" y "aclarar aspectos para evitar interpretaciones" ya que "el café para todos no funciona", "tenemos que adaptarnos a la realidad" y "evitar que haya inversiones puedan irse a otras Comunidades".

Nacho Escartín, de Podemos, ha esgrimido que las modificaciones pueden ser una herramienta, "pero no estamos de acuerdo en que aparezca el interés privado", para defender la economía social, a los empresarios locales y las inversiones "que venga de fuera, contando con la participación de la gente del territorio", para afirmar que "no es lo mismo un negocio privado que un negocio privado que se aprovecha de prebendas públicas".

La diputada del PAR, Berta Zapater, ha apoyado la modificación porque "garantizará más seguridad jurídica y operatividad temporal", "los ciudadanos lo están pidiendo", y ha criticado a quienes buscan "titulares" en vez de "hacer política y trabajar".

El parlamentarios de Ciudadanos, Jesús Sansó, ha considerado "correctas" las formas y "pertinente" el contenido y se ha dado la "enhorabuena" por el proyecto de Guissona en Épila, mientras que el diputado de CHA, Gregorio Briz, ha esgrimido que "se está intentando evitar la especulación" para ajustar el precio de los terrenos al valor real y que la ley "sea eficaz".