Contra la verdad inconstestable de la urbanización generalizada del litoral español, el Gobierno propone revertir radicalmente el proceso: recuperar la costa donde ya se ha construido.

Desde Ayamonte a Figueres, la franja marítima española muestra

cientos de ejemplos del destrozo producido por la construcción masiva que comenzó con los planes de desarrollo turístico en los 60 y que no ha dejado de crecer con el boom inmobiliario de las últimas dos décadas.

La

dispersión de competencias entre las instituciones locales, autonómicas y centrales obliga a un pacto para hacer frente a esta situación. El

Ministerio de Medio Ambiente planteará este miércoles a las Comunidades Autónomas su ambicioso plan, que no sólo quiere frenar la expansión del hormigón sino incluso

demoler parte de lo construido en las costas españolas.

La

Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa (PDF) es el documento de análisis que sirve de partida para esta iniciativa y que precisa de un

amplio consenso por parte de todos los agentes, según reconoce el Ministerio.

“En este

primer diagnóstico se pone de manifiesto que el 70% de los espacios dunares, aproximadamente el 50% de nuestras playas y el 32% del resto del espacio costero requieren actuaciones para su recuperación”, apuntó

Narbona en la presentación del proyecto.

Según cálculos del departamento de Medio Ambiente, las actuaciones necesarias para evitar el aumento de la ocupación en el litoral y para la restauración de la costa requerirán una

inversión cercana a los 5.000 millones de euros, “que suponen menos del 3% de los ingresos que genera el sector turístico en la costa”, sostuvo la Ministra.

El documento base se fija cuatro grandes retos. El primero de ellos es "

frenar la ocupación masiva de la franja costera". La propuesta aspira a frenar el desarrollo urbano de la costa, que "mantiene ratios de crecimiento similares a los existentes hace 10 o 15 años".

Pero el segundo objetivo es aún más ambicioso: "

Recuperar la funcionalidad física y natural del litoral". Es decir: invertir los desmanes realizados. Derribar no sólo las construcciones ilegales, sino también aquellas que aún estando construidas antes de la aprobación en 1988 de la Ley de Costas están muy cerca de la línea de playa. Puertos, diques y espigones tampoco se libran.

Es el mayor reto, sobre todo teniendo en cuenta que, según señala el diario

El País, el Gobierno pretende

negociar con los propietarios, en lugar de recurrir a la expropiación, para ganar territorio público protegido. Todo ello con el horizonte del año 2018 a la vista, fecha en la que caduca la concesión que la

Ley de Costas daba a las construcciones que ya existían.

El Mediterráneo, Baleares, Canarias, Cádiz y Huelva son los primeros objetivos de esta medida. Pese a que, por ejemplo, en Cantabria haya

una veintena de sentencias de demolición, Medio Ambiente considera que el Cantábrico no está tan urbanizado como para requerir actuaciones inmediatas.

Con estas y otras actuaciones también se intenta "

paliar los efectos del cambio climático", el tercer reto de la Estrategia, de especial incidencia en las zonas costeras por el aumento del nivel de las aguas.

El documento que tendrán sobre sus mesas las Autonomías el próximo miércoles concluye con un cuarto reto: "

Cambiar el modelo de gestión de la costa". Esta aspiración tan abstracta es en realidad un argumento dirigido a los organismos involucrados en esta cuestión: si no se alcanza

un amplio consenso, dada la distribución de competencias, la costa seguirá siendo conquistada por el ladrillo y el hormigón. Hasta que se agote.