Tribunales. La juez de Aznalcóllar autoriza el volcado y entrega a la UCO de los correos de altos cargos

  • La juez de Sevilla que investiga la adjudicación por parte de la Junta a la agrupación empresarial México-Minorbis de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar ha ratificado su decisión de entregar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil los correos intervenidos a tres altos cargos y 12 funcionarios de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio para que procedan a su volcado y estudio.

En un auto fechado el día 7 de marzo, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández Franco, rechaza así a los recursos presentados por los afectados por esta medida, entre ellos la viceconsejera del ramo, María José Asensio, al entender que la diligencia acordada "no resulta indiscriminada, innecesaria ni prospectiva".

De este modo, la juez señala el próximo día 23 de marzo para que se realice el volcado y entrega a la UCO de dichos correos electrónicos, una diligencia que la magistrada suspendió el pasado 20 de febrero "por razones de seguridad jurídica" al no haberse resuelto los recursos de las defensas contra esta decisión.

En este sentido, la instructora acuerda que la UCO proceda al volcado y estudio "única y exclusivamente de aquellos pasajes de los correos que, encontrándose directamente relacionados con el objeto de la presente investigación, con exclusión por tanto de cualquier comunicación relativa a la defensa jurídica de los implicados" en la causa.

Cabe recordar que la Fiscalía avaló la decisión de la juez al entender que "no es ni indiscriminada ni innecesaria, ni supone el inicio de una investigación prospectiva", ya que "afecta única y exclusivamente a los correos electrónicos habidos entre los años 2013 y 2016 y que además hagan referencia al concurso y adjudicación de las actividades extractivas de los recursos existentes en la reserva minera de Aznalcóllar".

Asimismo, el Ministerio Público considera que no se trata de una medida "indiscriminada" ni que suponga el inicio de una investigación "prospectiva" porque "lo que aquí se investiga es un presunto delito de prevaricación en el que supuestamente hubieran podido incurrir los empleados públicos que conformaron la mesa de contratación y la comisión técnica del concurso de adjudicación de la mina de Aznalcóllar".

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