El Colegio de Abogados de Murcia ha abierto un expediente contra una letrada que fue denunciada por un cliente que no recibió información sobre el caso que le había encomendado y que no pudo entrar en contacto con ella, según el acuerdo al que ha tenido acceso.
La resolución contra M.M. indica que "sin pretender entrar a calificar los hechos", los mismos podrían constituir una falta grave de las recogidas en el Estatuto General de la Abogacía y otra del Código Deontológico.
Añade que si las faltas resultan probadas, las mismas "podrían ser merecedoras de dos sanciones de suspensión de la abogacía no superior a tres meses y de una falta muy grave por el persistente incumplimiento de las normas deontológicas".
Como instructora del expediente ha sido nombrada Daniela Belén Rubio, y como secretario, Antonio Pérez.
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