En una pregunta parlamentaria en comisión, el consejero ha explicado que Arttysur es una entidad mercantil que promovió 230 viviendas protegidas de régimen general con uso de alquiler, que fueron calificadas definitivamente en 2007. Ha añadido que los promotores presentaron los contratos

de arrendamiento a visar y obtuvieron al visado.

Tras precisar que no se puede vender esas viviendas hasta 25 años después de su calificación definitiva -efectuado en octubre de 2007- el consejero ha explicado que la Junta "ha analizado las demandas de los vecinos y se ha comprobado que la situación no contraviene el reglamento ni la normativa, por lo que no cabe medida sancionadora".

"La Consejería, cuando ha analizado las demandas de los vecinos y ha visto el marco normativo en que esta planteada la promoción, destinada a régimen de alquiler, y que no se puede vender hasta 25 años después de su calificación, ha concluido en que no se contravienen ninguna norma a través de la cual se regulan estas viviendas ni hay incumplimientos de los requisitos legales", ha aseverado el consejero.

Felipe López ha insistido en que la Junta "no puede arbitrariamente hacer ninguna imputación al promotor de las viviendas porque no hay ninguna infracción cometida en función de las normas que regulan el proceso de construcción y administración de esa promoción de 230 viviendas".

Por su parte, la diputada de Podemos Carmen Molina ha recordado que la ley establece que es la Consejería de Fomento y Vivienda la

competencia para infracciones en materia de VPO y la que debe efectuar actuaciones de inspección y sancionadoras.

Para Molina, "sí se han producido irregularidades", por lo que espera que la Junta "vele por los intereses de los afectados".

Hace varios meses, el colectivo de adjudicatarios de las viviendas protegidas en régimen de alquiler del Residencial Arttysur, en Los Bermejales, ha denunciado este viernes los nuevos contratos "abusivos" que la empresa promotora del conjunto estaría intentando imponerles, advirtiendo de que están siendo víctimas de una "estafa".

Según comunicaba entonces a Europa Press la portavoz de la asociación vecinal, Jéssica Luna, estas personas son adjudicatarios de viviendas protegidas en régimen de alquiler acogidas al Plan de Vivienda y Suelo 2003-2007 y tras la adjudicación, firmaron con la promotora de las mismas, la empresa Se-Perian, dos documentos: un contrato de arrendamiento por cinco años que planteaba la posibilidad de tres prórrogas anuales (en total unos ocho años de alquiler) y una opción de compra ejecutable una vez concluya la calificación de VPO, es decir, una vez transcurridos 25 años desde la compra.