Así consta en un auto, facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en el que la jueza acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones al no quedar debidamente acreditada la perpetración del delito que dio lugar a la formación de la causa. No obstante, la instructora indica que si en cualquier momento se identifica a la perjudicada, el proceso podría reabrirse.

Según constaba en la denuncia, los anestesistas supuestamente coaccionaron a una compañera para que renunciara, en favor de otra persona, a una plaza que había obtenido a través de la bolsa de trabajo.

La jueza archiva las diligencias después de que las gestiones para localizar a la médico supuestamente coaccionada no hayan dado resultado ya que el nombre que consta en la denuncia interpuesta por la Fiscalía, que dio origen al procedimiento, está equivocado.

En su resolución, la magistrada explica que la persona mencionada en la denuncia del ministerio público es "errónea"; añade que "no se ha encontrado ningún dato en los servicios sanitarios" relacionado con ese nombre y concluye que la persona que en la denuncia aparece como la anestesista coaccionada "parece ser la persona que escribió el artículo periodístico que dio noticia al hecho".

Según la instructora, "no existe ni el más mínimo indicio que permita conocer quién es la víctima de las supuestas coacciones efectuadas vía telefónica". Por este motivo, la jueza sobresee provisionalmente la causa.

Los hechos trascendieron cuando se difundió una conversación telefónica supuestamente grabada por la anestesista, conversación en la que era presionada para que renunciara a la plaza.

La jueza comunica su decisión de archivar las diligencias a la policía judicial para que siga investigando.