Según el Consistorio, desde el pasado año 2015, diversos colectivos defensores de la Memoria Histórica habían estado advirtiendo al Ayuntamiento de Utrera de la existencia de una fosa común de represaliados republicanos en la única zona libre que queda en el cementerio municipal.

Ante dicha hipótesis, el Ayuntamiento optó por hacerse con los servicios de "una empresa especializada", pues según el portavoz del Gobierno municipal, Paco Campanario, "había que esclarecer si había allí o no había restos de personas represaliadas durante la Guerra Civil en el año 1936 y hacerlo de forma fehaciente". "Teníamos que hacerlo, porque estamos comprometidos con la Memoria Histórica, a día de hoy todavía hay personas en Utrera que no tienen enterrados a sus familiares y también hay necesidad de seguir construyendo edificaciones de nichos", resumía el edil.

Tras una serie de prospecciones con georradar, el informe emitido por la empresa especializada indica textualmente, según el Ayuntamiento, que "no se aprecian patrones que pudieran llevar a pensar en la existencia de una excavación que se relacionara con una fosa común en la mayoría de la parcela de esta zona" señalada por los colectivos de Memoria Histórica.

No obstante, aclara el estudio que "en la zona próxima a la nueva estructura de nichos sí se distingue la acumulación de posibles restos humanos muy juntos entre sí". Dicha zona no corresponde con la que los colectivos relacionados con la protección de la Memoria Histórica, así como diversos trabajos históricos, aseguraban que se encontraban.

Dado el caso, el delegado municipal de Cementerio, Vicente Llorca, ha ordenado seguir las investigaciones en la zona donde el estudio ha indicado la posible existencia de una fosa común. "No descartamos la realización de una cata arqueológica en los próximos meses, con el fin de determinar a ciencia cierta la existencia o no de una fosa común", ha declarado Llorca.

La principal zona estudiada se trata de una parcela de 1.200 metros cuadrados. Dicha zona está en un 99 por ciento ocupada por osarios cuyo periodo de concesión ha caducado. La mayoría de las familias han autorizado a retirar la lápida que los cubre, quedando los restos en el subsuelo, con la condición de que la construcción que se haga será con una cimentación en superficie sin que afecte a los finados. Dicho procedimiento comenzó en 1995, en previsión de que fuera necesaria la disposición de ese terreno en un futuro.