Según ha explicado la Junta en una nota, a través de este instrumento presta apoyo a las familias en riesgo de pérdida de su vivienda habitual y permanente, ofrece información y orientación profesional de forma prioritaria y singularizada en todas las cuestiones relacionadas con el derecho a una vivienda digna, con especial atención a aquellas personas que carecen de los medios adecuados para la defensa de sus intereses.

Igualmente, incluye intermediación con las entidades financieras y protección en caso de que se produzca la pérdida del inmueble.

La delegada territorial de Fomento y Vivienda de la Junta en Cádiz, Gemma Araujo, ha destacado que "este sistema desarrolla una valiosa labor de apoyo y asesoramiento desde una perspectiva integral y personalizada" y desde finales de 2015, ha añadido que "la Junta ha hecho un gran esfuerzo por convertir este servicio en una ventanilla única de la Administración autonómica para el ciudadano que ha sido despojado de su vivienda o está en riesgo de ello por el endeudamiento sobrevenido".

"Este sistema, enmarcado en el Plan de Vivienda y Rehabilitación, cuenta con la colaboración y con el soporte de las consejerías competentes en materia de empleo, servicios sociales, salud, consumo y justicia", ha añadido.

De los 2.025 expedientes atendidos desde octubre de 2012, un total de 130 casos acudieron a este servicio en la fase de prevención, 1.535 en la fase de intermediación y 360 en la etapa de protección. Durante el ejercicio pasado, de los 288 casos registrados, 19 se abrieron en la fase de prevención, 206 en intermediación y 63 en protección.

En la fase de prevención, el personal adscrito al sistema ha informado a los usuarios sobre temáticas muy diversas relacionadas con la forma de acceso a viviendas protegidas y el funcionamiento de los registros municipales de demandantes de VPO, la existencia de ayudas públicas, sobre todo de alquiler, o sobre los pasos a seguir en caso de encontrarse en situación de impago de hipotecas.

En el servicio de intermediación, los técnicos han asesorado desde octubre de 2012 a familias con deudas con las entidades financieras y, por tanto, en riesgo de perder su vivienda. En este ámbito, se dio información sobre las posibles vías de actuación y se medió, tanto con entidades financieras para lograr una reestructuración de la deuda, una quita de las cuotas de la hipoteca o daciones en pago; como con juzgados, cuando ya existen demandas judiciales con el fin de alcanzar una solución a sus problemas hipotecarios.

Asimismo, en el ámbito de la protección, las familias se han dirigido a ese servicio con el desahucio ya ordenado y en estado avanzado del proceso. En estos casos, los técnicos han puesto en marcha varias líneas de actuación, informando a los afectados sobre la necesidad de inscribirse en los registros de demandantes para acceder a una vivienda social pública o brindando apoyo en la tramitación de las ayudas existentes en materia de alquiler para obtener una alternativa habitacional.

UNA BATERÍA DE MEDIDAS

Además de este servicio, el Gobierno andaluz ha impulsado otras medidas en la lucha contra los desahucios, como la elaboración de una nueva Ley de Tanteo y Retracto, que permitirá a la Junta el ejercicio del derecho de compra preferente de viviendas incursas al final del proceso de ejecución hipotecaria para permitir a las familias afectadas permanecer en sus hogares mediante un alquiler social.

Esta norma ya cuenta con el informe del Consejo Económico y Social y próximamente será remitida al Consejo Consultivo para su dictamen, paso previo a su aprobación por parte del Consejo de Gobierno y su remisión al Parlamento para este periodo de sesiones.

A esta medida se suma el convenio suscrito por la Junta, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) para abordar de manera coordinada el problema de los desahucios y anticipar la intervención social de apoyo a las familias en aquellos procedimientos que se encuentran en vía judicial.

Además, se añade el convenio firmado con la Sareb para la cesión temporal a la Administración autonómica de 400 viviendas en Andalucía para destinarlas a alquiler social y la concesión de ayudas económicas a las personas afectadas por estos desahucios para afrontar el sostenimiento de una vivienda, cuya cuantía inicial fue ampliada en 1,5 millones para poder atender todas las demandas en esta materia hasta llegar a los 3,8 millones.