Los diputados de IU y Podemos han criticado al ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, y al presidente de Puertos de España, José Llorca, a los que han acusado de "inflexibilidad" por estar actuando "de manera totalitaria, al imponer medidas sin el consenso del sector, ni de los grupos políticos de la Cámara".

En este punto, han recordado que Unidos Podemos fue el primer grupo parlamentario que se opuso al real decreto y posteriormente se han unido otros hasta el punto de que el PP no podría convalidarlo en la Cámara Baja.

Han incidido en que "no recoge la sentencia del Tribunal de Justicia de Europa, sino que se ha aprovechado de la misma para flexibilizar el mercado de trabajo de la estiba, a la vez que acabar con la unión de estos trabajadores y su representación sindical intentando marcar líneas diferentes en cada puerto".

"Es -a juicio de Montero - la terciarización de los puestos de trabajo, con peores condiciones, salarios más bajos y mayor beneficio para las empresas".

Por su parte, García Sempere ha alertado de que despedir al 75 por ciento de la platilla de la estiba en tres años "supondrá un gasto para las arcas del Estado de 350 millones de euros, mientras que la multa que puede llegar a aplicar Europa sería de 21 millones".

Por su parte, el presidente del sindicato de Estibadores de Málaga, Oscar Cosano, ha asegurado que los trabajadores "no van a permitir despido alguno y que si hoy y el próximo día 8 no hacen huelga es en espera y con la confianza de que todos los grupos se negarán a apoyar la tramitación del real decreto sobre el sector".

En este punto, han recordado que el PP en Málaga apoyó, en el pleno del Ayuntamiento de la capital, una moción del grupo municipal Málaga para la Gente en solidaridad con el sector y solicitando que no se aplique el real decreto.

Además, Málaga para la Gente ha acusado al ministro de Fomento de "intentar crear una imagen degradada del colectivo, calificándolos de privilegiados, por tener un contrato estable y un salario digno, cuando en las filas del PP hay puertas giratorias, se ha recatado bancos o autopistas".

"Lo que el Gobierno quiere es que todos los trabajadores acaben cobrando como máximo un salario máximo de 500 euros y para ello pretende acabar con colectivos como el de los estibadores, que están unidos y tienen una fuerte representación sindical", han concluido desde Málaga para la Gente.