Tribunales.- El juicio sobre las tarjetas robadas queda suspendido por incomparecencia de un acusado

  • La Sección Tercera de la Audiencia de Jaén ha suspendido por incomparecencia de uno de los dos acusados el juicio contra dos hombres, E.V., de 44 años, y C.E., de 37 años, a los que se les acusa de abrir cuentas bancarias con documentación falsificada de un tercero para seguidamente pedir un datáfono vinculado a dichas cuentas y usarlo con tarjetas que previamente habían sido robadas.
El acusado, ante el tribunal
El acusado, ante el tribunal
EUROPA PRESS
El acusado, ante el tribunal

Ha sido C.E. el que no se ha personado, no sin antes llamar a la Audiencia para comunicar que le era imposible desplazarse hasta Jaén para ser juzgado. A petición del Ministerio Fiscal, el tribunal de la Sección Tercera ha acordado su detención e ingreso en prisión provisional para así garantizar su asistencia en la próxima ocasión en la que se ponga fecha para la celebración del juicio.

Según consta en el escrito de calificación del Ministerio Público al que ha accedido Europa Press, los hechos se remontan al 18 de mayo de 2011 cuando los dos acusados se desplazaron a Jaén "con la intención de realizar varias estafas bancarias" mediante el procedimiento denominado 'skimming'.

Para ello, abrieron cuentas en dos sucursales de cajas de ahorros situadas en Jaén capital. Las cuentas las abrían a nombre de un ciudadano nigeriano y para ello utilizaban la documentación de este hombre manipulada con fotos de los dos acusados.

Una vez abiertas las cuentas, solicitaron a los empleados de las dos entidades la entrega del correspondiente datáfono que dijeron necesitar para la gestión de una supuesta agencia de viajes que tenían abierta en la capital jiennense.

Cuando se hicieron con el datáfono, y siempre según narra el fiscal, utilizaron tarjetas bancarias sustraídas a distintas personas para realizar transferencias de efectivo a cuentas controladas por ellos.

Mediante esta fórmula, pudieron realizar operaciones fraudulentas por valor de 1.336,91 euros en una caja de ahorros y otros 11.428,43 euros en la segunda de las sucursales. En total, 12.764,34 euros que ahora reclaman las dos cajas de ahorro.

Los hechos han sido calificados por el Ministerio Fiscal como un delito de falsedad en documento mercantil como medio de cometer un delito de estafa, ambos con carácter continuado. Por ello, el fiscal reclama inicialmente la imposición de una pena de tres años de prisión para cada uno de los dos acusados.

Asimismo, reclama la imposición de una multa de 2.160 euros. También, en concepto de responsabilidad civil, se les reclama que indemnicen a las dos cajas de ahorro afectadas en un total de 12.764,34 euros.

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