
La marcha tuvo lugar un día después de la dimisión del presidente de Bolivia, Carlos Mesa, que puso su cargo a disposición del Congreso cansado de la intransigencia de los sectores radicales.
A la protesta se añadió la solicitud de adelantar las elecciones generales, previa renuncia de los líderes del Senado, Hormando Vaca Díez, y de la Cámara de Diputado, Mario Cossío, quienes tienen derecho a la sucesión constitucional.
La marcha de los campesinos y mineros obligó a los vendedores de los mercados de la zona cerrar sus puestos, para evitar las represalias de los manifestantes a los comerciantes que no se adhieren a su protesta.
La mayoría de las carreteras, bloqueadas
Decenas de policías están apostados en la plaza Murillo, en el centro histórico de La Paz, para proteger las instalaciones de los palacios de Gobierno y del Congreso. Las manifestaciones en las ciudades están acompañadas por el bloqueo de la mayoría de las carreteras más importantes.

El número de cortes de de carreteras subió a 84, con lo que quedaron practicamente aisladas a las ciudades de La Paz, Cochabamba y Oruro, y afectadas las vías de acceso a Santa Cruz, Sucre y Potosí, que todavía tienen conexión hacia el sur y el este del territorio.
¿Un nuevo Presidente?
Mientras tanto, desde la ciudad de Santa Cruz, el presidente del Senado realiza consultas con los jefes de los grupos parlamentarios para fijar la fecha y sede de la sesión legislativa que deberá evaluar la dimisión del mandatario.
Vaca Díez reclamó de las autoridades garantías para que los 157 legisladores puedan llegar a La Paz y celebrar la sesión del Congreso, ya que la huelga en la ciudad de El Alto, donde se encuentra el aeropuerto, impide el acceso a la capital.
También en Santa Cruz, el cardenal Julio Terrazas continuó la ronda de reuniones con líderes sociales dirigida a lograr un entendimiento para encontrar una salida a la crisis.
¿Cómo se ha llegado a esta situación?
Carlos Mesa se tuvo que enfrentar al momento de mayor agitación política desde que asumió el cargo. Tras dos semanas de intensas protestas populares firmó un decreto por el que se convocaba una reforma de la Constitución y un referéndum para determinar si las provincias bolivianas obtienen mayor autonomía.
La empobrecida mayoría indígena demandan una redistribución de la riqueza, mientras que las provincias bolivianas más ricas, que ostentan las reservas de gas y petróleo, reclaman una mayor autonomía.
A partir de ese momento, las protestas se hicieron masivas y a ellas se sumaron la huelga de transportes. Los clamores por la nacionalización de los hidrocarburos se expandieron por las zonas ricas y las protestas masivas dejaron aisladas y sin suministros a las principales ciudades bolivianas.
Ante la presión popular, Mesa presentaba su renuncia ante el Parlamento, que deberá decidir si la admite o no.

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