El padre Román M.V.C., supuesto líder del clan de los Romanones, ha negado este lunes ante el tribunal que lo juzga en la Audiencia Provincial de Granada haber abusado de un menor de su parroquia desde 2004 a 2007, al que, según afirma, solo asesoró en el plano religioso para que "profundizara en su fe" y al que afirma que quería "en el sentido que usan los cristianos" pero no "de enamoramiento".

Durante su declaración, el padre Román ha garantizado que nunca ha pedido ni dado "favores sexuales" al denunciante de los abusos, ni ha compartido cama con él ni con ninguno de los miembros del llamado clan de los Romanones, que supuestamente él lideraba y en cuyo seno ha negado que se produjera "ningún tipo" de relación homosexual; ni en la casa parroquial ni en las propiedades que el grupo poseía en Los Pinillos y en Salobreña (Granada).

En esta primera sesión del juicio en la Sección Segunda de la Audiencia, el Román M.V.C. ha relatado que conoció al denunciante de los supuestos abusos cuando éste tenia nueve o diez años en la parroquia San Juan María Vianney del barrio granadino del Zaidín, adonde acudió un año antes de hacer la comunión para recibir catequesis.

Ha señalado que el chico "se sentía bien" en la parroquia y por eso más adelante empezó a implicarse en las distintas actividades que allí se realizaban; primero preparando las misas, más adelante siendo catequista y participando en algunos de los encuentros que el grupo mantenía en distintos inmuebles y donde, según ha relatado, el joven se quedó a dormir en "alguna ocasión".

Niega no obstante el padre Román que durante esos encuentros se exhibiera pornografía, que él llegara a realizar masajes o a tener contactos sexuales con la supuesta víctima o que le haya besado alguna vez en la boca, algo que según afirma no ha hecho "en la vida" con nadie porque no casa con su condición de sacerdote.

Ha defendido, de hecho, que ha llevado una vida "totalmente íntegra" y que todas las acusaciones que se han vertido contra él son "absolutamente falsas", destacando que en el ejercicio de su labor pastoral ha tratado con "cientos, casi miles de jóvenes" sin que haya recibido ninguna queja o denuncia de este tipo.

Al inicio de la sesión, el tribunal no ha admitido la cuestión previa planteada por la defensa del padre Román pidiendo la nulidad del expediente canónigo que se ha incorporado en la causa en una pieza separada y en la que se recoge la declaración sobre este supuesto caso de abusos de tres de las personas inicialmente investigadas en la causa, que tuvo un total de doce imputados.

La Sala ha rechazado sacar este informe canónigo del proceso al entender que no se obtuvo de manera ilícita, en tanto que el arzobispo de Granada, Javier Martínez, lo entregó de manera voluntaria y por considerar que no se han vulnerado derechos procesales o el derecho de defensa del acusado, de modo que el tribunal se reserva el derecho de resolver esta cuestión en sentencia.

La Sala también ha rechazado la petición de la defensa de incorporar como prueba documental una reciente carta enviada por la Secretaría de Estado del Vaticano en la que, ante la celebración de la vista, muestra su confianza en que se respete la presunción de inocencia. Entiende el tribunal que esta premisa está garantizada y se da por hecho.

El padre Román, que supuestamente ha liderado el llamado clan Romanones, ha negado que este colectivo actuara de forma independiente del resto de la diócesis o que fuera un grupo "institucionalizado" que él dirigía. Lo ha definido como un "grupo de amigos" que participaban juntos en distintas actividades "iluminados por el evangelio" pero desde una "libertad total".

Sobre la casa que el grupo tenía en Los Pinillos, donde según el juez instructor "ocurrieron los hechos más graves y relevantes penalmente", ha explicado que era una vivienda de uso particular que se usaba como "lugar de descanso y esparcimiento" y que siempre ha estado "abierta" para todo el mundo.

Ha negado que se produjera ningún episodio de abusos sexuales en este domicilio, "donde no había habitaciones asignadas sino que se ajustaban según las circunstancias", pero en la que según garantiza el menor nunca durmió con él en su misma cama porque es algo "que no le va", ni entra en su "vocación". "Era una casa respetable de personas cristianas", ha concluido.

La Audiencia de Granada acoge desde este lunes el juicio por el conocido como caso Romanones, que ha comenzado a partir de las 9.30 horas con la declaración del padre Román, único procesado en la causa para el que la Fiscalía pide provisionalmente nueve años de cárcel por un delito de abuso sexual a un menor.

El sacerdote ha llegado a la Audiencia pasadas las 9.00 horas, con semblante serio y acompañado de dos abogados. Ha entrado al edificio de la Real Chancillería de Granada, que también acoge la sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), rodeado de una nube de periodistas y sin hacer declaraciones. Detrás de él han ido entrado al edificio judicial los representantes legales de las distintas partes que hay en la causa.

El caso se abrió después de que un joven que ahora tiene unos 25 años pusiera los hechos, ocurridos supuestamente cuando contaba entre 14 y 17, en conocimiento de la Fiscalía andaluza en octubre del 2014, y sobre los que llegó a pronunciarse el papa Francisco.

Las nueve sesiones de la vista oral fijadas, que contarán con cuarenta testigos y catorce peritos, se desarrollarán en la Sección Segunda del tribunal provincial durante los días 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 20 y 21 de marzo.

En la primera sesión de este lunes está prevista la declaración del único acusado, mientras que el día 7 lo harán siete testigos, el 8 otros dos —incluido el joven denunciante—, el 9 seis, el 10 once —entre ellos el arzobispo de Granada, Javier Martínez— y el 13 catorce más, mientras que el día 14 han sido citados ocho peritos y el 20 otros seis.

La prueba documental y las conclusiones finales han sido fijadas para el 21 de marzo, día en que el acusado podrá además ejercer su derecho a la última palabra.

La Fiscalía acusa al padre Román un delito de abuso sexual continuado, agravado por el resultado de acceso carnal, y solicita para él de forma provisional una pena de nueve años de prisión, prohibición de aproximarse a menos de 100 metros y prohibición de comunicarse durante diez años.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el acusado indemnice a la supuesta víctima en 50.000 euros por daño moral.

La acusación particular, ejercida por el joven denunciante de los abusos y supuesta víctima, le atribuye tres delitos de abuso sexual, con una petición de penas de veintiséis años de prisión, prohibición de aproximarse a menos de 500 metros y prohibición de comunicarse durante veinte años, además de una indemnización de 50.000 euros en concepto de responsabilidad civil por daño moral.

La acción popular, ejercida por la Asociación Pro Derechos del Niño y la Niña (Prodeni), acusa a Román de un delito continuado de agresión sexual, con intimidación, violencia y prevalimiento y con acceso carnal, y le pide quince años de prisión e inhabilitación absoluta por esos mismos años.

También la privación de vivir en el lugar en que resida la víctima y prohibición de aproximarse y prohibición de comunicarse con la víctima también durante quince años y, en concepto de responsabilidad civil, que la indemnice en 75.000 euros por daño moral.

Finalmente, la defensa del padre Román ha pedido su absolución y que el denunciante pague las costas, además de solicitar la nulidad del expediente canónigo.

Durante la declaración indagatoria, el único imputado en la causa expresó su "absoluta" disconformidad con el auto de procesamiento y explicó que únicamente tenía, como sacerdote, un "amor fraterno" por el denunciante de los supuestos abusos.

En este proceso judicial llegó a haber hasta doce imputados, diez curas y dos laicos, aunque la Audiencia decidió de manera definitiva declarar prescritos los delitos atribuidos a once de ellos.