La CUP propugna que el referéndum de autodeterminación previsto por las formaciones soberanistas se rija por una ley específica distinta a la de transitoriedad jurídica para evitar "confiar a ciegas en que aguante" la previsible suspensión por parte del Tribunal Constitucional (TC).

La CUP se pronuncia sobre esta cuestión en un nuevo informe publicado en la página web Observatori del Procés bajo el título de ¡Despertemos la primavera del referéndum!, en el que la formación anticapitalista plantea la conveniencia de construir una alternativa a la "legalidad intervenida" por parte de lo que denomina como "un Estado autoritario de derecho".

Con respecto al debate que mantienen Junts pel Sí (JxSí) y la CUP sobre el contenido que tienen que tener las "leyes de desconexión", la CUP se posiciona a favor de que la regulación del referéndum previsto como máximo para el mes de septiembre tenga lugar en base a una ley separada de la de transitoriedad jurídica.

Los argumentos que esgrime la CUP son que el referéndum tiene que poderse diferenciar "meridianamente" del proceso participativo del 9N del año 2014, y que es preferible seguir el orden lógico de primero ganar el referéndum y después constituir el nuevo Estado a partir de la ley de transitoriedad.

Desgranar ambas leyes puede permitir "sumar más apoyos" a la ley de referéndum que los que contará previsiblemente la de transitoriedad, pero además, destaca la CUP, esto evitaría tener que confiar "a ciegas" en que la ley aprobada en el Parlament "aguante" la previsible suspensión por parte del TC. como mecanismo de resolución de todos los problemas

"Hay diferentes puntos de vista sobre si la ley de transitoriedad ya dará cobertura jurídica (suficiente) al referéndum y a los funcionarios que participen", explica la CUP antes de recalcar que "existe un mantra construido últimamente sobre la ley de transitoriedad que bebe de dos principios no compartidos" por su formación.

La CUP no comparte, en concreto, la opción de considerar la ley como el mecanismo de resolución de todos los problemas, lo que implica "dejarlos todos en manos de la clase política" y "obvia el papel clave de la movilización popular".

El segundo principio no compartido es que hay que cubrir a los funcionarios y al resto de ciudadanos que participen en la organización del referéndum con un instrumento que "permita el paso de ley a ley como una especie de panacea jurídica que lo arregla todo", algo que la CUP ya ha bautizado como "discurso mágico".