Ya no abren telediarios ni acaparan portadas, pero cuando se cumple un año del cierre de fronteras en Europa y del acuerdo entre la UE y Turquía, los refugiados siguen ahí, huyendo de la guerra y la miserias, empeñados en sobrevivir. Continúan llegando a Europa, pese a todo, aunque se haya reducido sensiblemente el flujo de llegadas, y aunque ahora sean casi invisibles. De hecho, desde marzo pasado, cuando se cerró a cal y canto la llamada ruta de los Balcanes, hasta ahora, al menos 80.000 personas han entrado a territorio europeo por esta vía. Tres mil lo hacen cada mes a Serbia, último país ante las fronteras de la UE para los que huyen desde Turquía por tierra.

El 40% son niños, la mitad de ellos no acompañados, y provienen principalmente de Siria, Afganistán e Irak, países asolados por las guerras y los conflictos. Vienen cruzando desde Macedonia y Bulgaria, atravesando montañas y bosques a temperaturas bajo cero mientras sufren mordeduras de perros en las fronteras y el trato violento de policías y traficantes de personas. Y a ellos se suman los que llegan por vía marítima, pese a que las rutas actuales son mucho más peligrosas (en 2016 se produjeron 362.376 llegadas irregulares por mar a Europa, según ACNUR).

Actualmente, unos 63.000 se encuentran atrapados en Grecia, repartidos en campos de refugiados y centros de detención en muy malas condiciones, mientras que otros 8.000 se encuentran bloqueados en Serbia, país no miembro de la UE,según ACNUR. "La crisis de refugiados no ha disminuido. El flujo sigue siendo intenso en la ruta y a medida que el tiempo vaya mejorando aumentará", afirma al respecto Andrés Conde, presidente de Save The Children España, que acaba de regresar de Belgrado.

A su juicio, el principal cambio que se ha producido desde que se cerró la ruta de los Balcanes hace ahora un año es que ésta es ahora mucho más peligrosa y más cara porque está en manos de las mafias y los traficantes de personas. "Los  refugiados van a seguir viniendo porque la opción de quedarse no existe. Lo que dejan atrás es imposible de asumir para ellos, y al introducir más controles y obstáculos ya no les queda más opción que la ilegalidad", afirma.

El acuerdo entre la UE y Turquía, que entró en vigor el 20 de marzo de 2016, ha dado a los traficantes un control más firme sobre un negocio enormemente rentable, incorporando tácticas cada vez más peligrosas para eludir a las autoridades. Según estas organizaciones, en el último año cada unas de estas 80.000 personas ha pagado entre 7.000 y 10.000 euros a redes mafiosas. "Es un negocio gigantesco y muy lucrativo", explica Conde. Y seguirá aumentando a medida que se vayan introduciendo más medidas y controles como las de Hungría, que hace dos semanas, y a pesar  de que ya cuenta con una valla con concertinas, empezó a construir una segunda en la frontera con Serbia para frenar la llegada de inmigrantes y solicitantes de asilo.

Tanto Save The Children como ACNUR denuncian además los crecientes casos de brutalidad policial en los controles fronterizo en países como Hungría y Croacia, ambos miembros de la UE. No solo es que haya una "represión sin reparos", que les requisen los pocos bienes que tienen y que les ataquen con perros, es que además se están produciendo las llamadas "devoluciones en caliente", una medida que supone "un atentado gravísimo contra el derecho internacional", explica Conde. Solo entre enero y febrero de 2017 se produjeron 2.000 expulsiones desde estos países a Serbia sin atender el derecho internacional que tienen estas personas a pedir asilo y a que se estudie su petición. Pero no son los únicos. Según un estudio de ACNUR, decenas de miles de personas han sido víctimas de devoluciones automáticas por parte de autoridades de países europeos.

"Les confiscan lo poco que tienen, como el móvil, que para ellos es crítico porque es lo que les conecta con su familia, con aquellas personas en otros países que pueden ayudarles", añade el presidente de esta ONG. Y los que no son devueltos permancen allí, bloqueados en campos de refugiados abarrotados o retenidos en centros de detención, esperando a ser retornados a Turquía en virtud del acuerdo que entró en vigor hace un año.

Pero para estas personas, Turquía no es una opción, sino un lugar de tránsito. Allí a la mayoría no les conceden permiso de trabajo, con lo que no tienen oportunidad de iniciar un proyecto de vida, de empezar de cero. La desesperación es tan grande y tienen tanto miedo a ser deportados que muchos, además del riesgo del viaje, optan por vivir en la clandestinidad, lejos de los campos oficiales y los centros cerrados.

El asentamiento informal más grande de Europa está en Belgrado, donde malviven más de un millar de personas. Se hacinan en un almacén abandonado, sin puertas ni ventanas, donde no hay agua ni saneamientos y los techos están llenos de goteras. Con temperaturas invernales de hasta 15 grados bajo cero, hacen hogueras con la basura para calentarse, con lo que a causa del intenso humo muchos acaban con enfermedades respiratorias. "Viven rodeados de ratas y basura, en las circunstancisa más indignas que alguien pueda imaginar y pendiente solo de la ayuda de las ONG para sobrevivir", explica Conde desde Belgrado, aún impactado por la historia de una pequeña iraquí de cuatro años a la que conoció el día anterior.

"Había presenciado cómo las talibanes quemaban viva a su tía, y del trauma había perdido gran parte del pelo", relata. Emprendió la huida junto a su madre y sus hermanos, pero en la travesía por mar desde Turquía a Grecia el barco se partió. "La guardia costera griega pudo salvar a su familia, pero cualquier concentración de agua le produce temblor", añade.

En medio de este drama, ambas organizaciones coinciden en señalar que lo más trágico es la cantidad de menores no acompañados que han identificado, muchos de ellos de solo 8 o 9 años. En la mayoría de los casos la familia ha vendido lo poco que le quedaba en su país para financiar el viaje de alguno de sus hijos, con la esperanza de que lo logre y luego pueda reunificar a la familia. "Son niños que sienten una enorme responsabilidad. No les frenarán las vallas ni los perros", explica Conde.

Son los más vulnerables, los más expuestos a la violencia y todo tipo de abusos, según recoge ACNUR en varios informes. Sin embargo, ni siquiera ellos se libran del último plan expuesto por Bruselas para abordar la crisis migratoria, que en un contexto polítiico marcado por las elecciones en Francia y Alemania pasa a centrarse en las deportaciones y las detenciones. Así, en lugar de presionar a los Estados miembros que incumplen los compromisos de reubicación y reasentamientos, pone toda la presión en el extranjero irregular, recomendando que se aceleren las expulsiones y que se amplíen los plazos de retención de los mismos en centros cerrados hasta los 18 meses. Y ello incluye a los menores no acompañados.

"En lugar de enfrentar el daño ya causado a los niños y las niñas por las actuales políticas de retorno, la Comisión Europea recomienda medidas que sin duda van a incrementar ese daño: menores garantías en los procesos, decisiones automáticas de expulsión, más detenciones", afirma Conde al respecto. "Además, sabemos que expulsiones y detenciones nunca han disuadido a los migrantes de emprender su viaje. Lo que estas personas dejan atrás en sus lugares de origen es mucho más amenazador para sus vidas que todas las vallas, físicas y administrativas, que las políticas europeas se esfuerzan en ponerles".