El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, sigue su polémica cruzada antidrogas. Mientras intenta volver a movilizar a la Policía, fuera de la lucha por la corrupción, una comisión parlamentaria debate una medida que contraviene todas las disposiciones de la ONU: rebajar la edad penal a los 9 años.

El proyecto de ley, de salir adelante, permitiría enviar a prisión a los menores entre 9 y 14 años. En una entrevista con Al Jazeera, recogida por The Washington Post, Duterte aseguraba hace unos días que los niños muertos en su "guerra contra las drogas" eran "daños colaterales". El polémico presidente asegura que quiere detener a una "generación de delincuentes" que ya ha ha comenzado a delinquir. Según la presidencia filipina, los narcotraficantes utilizan a menores cada vez en mayor medida.

"No me importa lo que digan los tipos de los derechos humanos. Tengo el deber de proteger a una generación", ha asegurado ante las numerosas voces que claman contra la medida que, aseguran, es un ataque a los menores más desfavorecidos.

La nueva medida no sorprende en exceso teniendo en cuenta la deriva de Duterte desde que llegó al poder. Su guerra contra las drogas ya ha costado más de 7.000 muertos en el país y llegó a anunciar que tenía un plan para matar a tres millones de drogadictos. Llegó a decir, en el asunto de los menores, que si pillaba a sus hijos con drogas, los mataría con sus propias manos.

Y mientras la polémica medida se debate, Duterte ha instado a la Policía a que vuelva a prestar servicio en la "guerra contra las drogas", un mes después de que suspendiera la campaña al revelarse corrupción en las fuerzas de seguridad.

El presidente afirmó que ha ordenado al jefe de la Policía, Ronald dela Rosa, "reclutar a hombres jóvenes y patriotas de la Policía Nacional como miembros de las fuerzas de trabajo" en las operaciones antidroga, en declaraciones recogidas por la cadena local ABS-CBN.

"Tengo que hacerlo porque me faltan hombres", aseguró Duterte, que no especificó una fecha concreta o más detalles sobre la aparentemente próxima reanudación de la campaña. El mandatario especificó, en todo caso, que los policías que tomen parte en las futuras operaciones deberán estar libres de corrupción.

El presidente suspendió su campaña antidroga a finales de enero tras reconocer que, bajo el paraguas de ésta, algunos agentes habían llevado a cabo prácticas abusivas, como el secuestro y asesinato de un empresario en el cuartel general de la Policía Nacional en Ciudad Quezón.